El aumento de las tasas de homicidio constituye uno de los indicadores más sólidos del deterioro de la seguridad durante el último cuatrienio. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de reevaluar y corregir la política pública frente al homicidio, la cual, al margen de la discusión política, debe ser corregida toda vez que las actuales estrategias demuestran agotamiento y obsolescencia frente a sus causales.

El homicidio es uno de los indicadores más aceptados, robustos y clásicos para medir la seguridad, toda vez que, a diferencia de otros delitos, este suele dejar una evidencia física concreta, cuantificable, difícil de ocultar, además de medir la peor y más irreversible afectación, la pérdida de la vida. Por lo cual, cualquier evaluación de seguridad debe iniciar por el homicidio y es el primer gran termómetro de la efectividad, éxito o fracaso de una política en el territorio.

Dicho lo anterior, lo primero que podemos observar es que el homicidio en Colombia había encadenado un descenso progresivo en los últimos 25 años, al pasar del registro crítico de 86 muertes por cada 100.000 habitantes en 1991, uno de los más altos del mundo, a 23 en 2020 (Banco Mundial, 2023). Proceso que registró una fase acelerada de descenso gradual entre 1994 y 2002 y una fase acelerada (2002-2017), lo cual, con algunas salvedades, demuestra una política de Estado consistente en el tiempo que logró decrecer sin distingo del perfil político o ideológico del presidente a cargo (Path Dependence).

Si bien desde 2017 la tasa de homicidios parece haber entrado en una fase de estancamiento, oscilando alrededor de los 22-23 homicidios por cada 100.000 habitantes, a partir de 2021 se observa una leve tendencia ascendente, alcanzando aproximadamente 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y estabilizándose posteriormente alrededor de 25 durante 2022 y 2023. El registro más reciente de 2024 reporta una tasa cercana a 25,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cual se agrava en 2025 al acercarse a 28 (27,9), según lo registrado por SIEDCO–Policía Nacional y que no se registraban desde hace más de una década en 2014 (29). Una clara y preocupante degradación.

La evidencia derivada del homicidio no muestra mejoras respecto al punto de partida heredado por la administración Petro y, por el contrario, evidencia un deterioro moderado de la violencia letal durante el período analizado. Sin embargo, un deterioro moderado no es un asunto menor, ya que en la práctica significa cientos o miles de personas que perdieron la vida.

Y es que, es imposible ignorar que la tasa de Colombia es 4.8 veces mayor a la tasa global (UNODC,2025), sin mencionar la proporción con el continente europeo, donde la proporción es 12 veces mayor. En Latinoamérica, Colombia tiene el ignominioso segundo lugar, superada solo por Ecuador, y muy por encima de pares comparables como México (17), Brasil (19), ni que decir de países como Argentina (3.6).

De manera que es imperioso que el nuevo gobierno restablezca la senda perdida de la reducción del homicidio. Las metas deben ser más ambiciosas, profundas y agresivas. La política pública debe reducir las tasas por debajo de 20 en el corto plazo y a 10-15 en la próxima década.

La mejor y más esencial política social es la que preserva la vida. Colombia ya demostró que puede crear estrategias que disminuyan el homicidio; sin embargo, el verdadero riesgo no es el colapso de la seguridad, sino acostumbrarnos a su deterioro o estancamiento.