Las decisiones del Estado, provengan del Gobierno, del Congreso o de los jueces, producen efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos, el empleo y la inversión, por lo que deberían estar basadas en mediciones de sus costos y resultados. En la Sentencia C-479 de 2024, la Corte Constitucional acertó al concluir que el Ejecutivo se había excedido en sus facultades, y su fallo devolvió vigencia a la distancia mínima entre droguerías, una barrera a la libre competencia que limita las opciones de los pacientes, sin que esté demostrado que mejora el acceso a medicamentos.
La discusión vuelve al Congreso, donde el artículo 120 del proyecto de ley de competitividad, aprobado en primer debate y pendiente de las plenarias, elimina la norma que permite exigir esa distancia. Si la iniciativa sale adelante, las droguerías podrían volver a abrir sin esa restricción.
La norma que el proyecto eliminaría faculta hoy al Ministerio de Salud para ordenar la ubicación de las droguerías, tanto señalando los sectores donde hacen falta como fijando una distancia mínima entre ellas, que en 2005 quedó en 75 metros. En 2012, un decreto expedido para reducir trámites le quitó esa atribución, y durante doce años no se exigió separación alguna.
En noviembre de 2024, la Corte declaró inexequible esa derogatoria por dos razones. La primera, que el Gobierno había excedido las facultades extraordinarias recibidas del Congreso; la segunda, que suprimir esa atribución vulneraba el derecho a la salud. Para cumplir el fallo, la cartera sanitaria expidió en agosto de este año la Resolución 1999, que volvió a exigir esa distancia.
El primer argumento es jurídicamente sólido, porque el Congreso había autorizado al Gobierno de ese entonces a suprimir trámites y regulaciones innecesarias, no a quitarle al Ministerio la facultad de definir dónde pueden abrir las farmacias.
El segundo, en cambio, descansa sobre una premisa todavía sin comprobar. Según la Corte, sin separación obligatoria, las droguerías se concentran en los corredores comerciales y se alejan de los usuarios, en especial de los adultos mayores y de quienes tienen movilidad reducida.
Para sostenerlo, se apoyó en precedentes, en la ley estatutaria de salud y en una decisión del tribunal de la Unión Europea de 2010, fuentes que respaldan la legitimidad de intervenir este mercado, pero no acreditan que una distancia mínima acerque los medicamentos a la población. El fallo concluyó que eliminar esa atribución afectaba gravemente el acceso sin detenerse en datos de cobertura, precios u horarios, ni en lo ocurrido en los doce años sin la regla.
El procedimiento constitucional permite decretar pruebas y, a falta de ellas, el primer argumento bastaba para decidir el caso y dejar al Congreso en libertad de valorar si la medida ayuda o perjudica a los pacientes. La Corte, que no tiene facultades para fijar la distancia entre droguerías, restableció la atribución y ordenó al Ministerio definir cuál de las dos regulaciones seguía vigente, la de 150 metros o la de 75.
Aun si el diagnóstico fuera acertado, es dudoso que la medida lo corrija, porque esa separación equivale a algo menos que una cuadra, demasiado poco para que el establecimiento rechazado en una esquina termine en otro barrio, pero suficiente para impedir que un competidor se instale frente al negocio que ya existía. El comerciante al que se le niega el permiso en una zona concurrida difícilmente se traslada a la periferia que tenía en mente el regulador, y lo previsible es que busque un local a pocos pasos o desista.
La exigencia limita la oferta donde hay clientes sin generarla donde faltan. La ley contempla para eso una herramienta más útil, la identificación de los sectores desatendidos para darles prioridad al conceder permisos de apertura, tarea que una distancia fija no cumple.
En el año 2000, la comunidad española de Navarra flexibilizó la apertura de farmacias, redujo la distancia exigida entre ellas y, al mismo tiempo, garantizó un número mínimo por cada zona de salud. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia documentó en 2015 que esos establecimientos pasaron de 309 a 547 entre 2000 y 2005, con un crecimiento similar en localidades grandes y pequeñas que descartó una concentración en los lugares más rentables. Esa reforma no prueba que suprimir toda separación carezca de riesgos, pero sí muestra que liberalizar con un piso de cobertura amplió la oferta, sin que los municipios menores perdieran participación.
Para que esta votación no repita el vacío de la sentencia, conviene que el Congreso deje en el expediente cifras de cobertura y precios, y que acompañe el cambio de un instrumento dirigido a los lugares sin servicio, como incentivos para abrir droguerías donde hoy no las hay o la dispensación a domicilio.
Cada rama del poder público está llamada a sustentar las cargas que impone al mercado en el análisis económico del derecho, y el Congreso, que hoy decide si mantiene o elimina la regla, tiene la oportunidad de hacerlo con datos y respetando los límites que fija la Constitución. Ninguna expresión del Estado debería restringir la libertad de los ciudadanos sin evidencia que lo justifique.