En 2014, el gobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, firmó un contrato por 18.000 millones de pesos para reducir la incidencia del dengue en ese departamento con Olfis, la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud. Olfis es una entidad fantasma. No tiene sede ni laboratorios ni experiencia técnica, administrativa o financiera. Su dirección coincide con la casa en Bucaramanga de la mamá del epidemiólogo Fredi Alexander Díaz Quijano,
egresado de la UIS, Universidad Industrial de Santander. Por los ilícitos derivados de ese desfalco, el gobernador fue condenado a 177 meses de prisión. En la sentencia, la magistrada Patricia Salazar Cuéllar afirmó: “El perjuicio se extendió a toda la comunidad de La Guajira, especialmente a población vulnerable como la infantil y la indígena”. Juan Pablo Pinzón Vega, uno de los miembros de la banda del epidemiólogo, aceptó cargos por peculado y falsedad y se comprometió a declarar contra Díaz Quijano y sus secuaces.
Pero el epidemiólogo se fugó. No ha pagado por sus delitos. Increíblemente, es profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de São Paulo. La justicia penal tampoco ha actuado contra otra persona de la inexistente Olfis, Ruth Aralí Martínez Vega, también epidemióloga de la UIS y novia de Díaz Quijano en la época de estudiantes. Era profesora de medio tiempo en la Escuela de Microbiología en la UIS en Bucaramanga y simultáneamente dirigía, o debía dirigir, un proyecto en Riohacha con sueldo de 121 millones de pesos durante 13 meses, pagado del convenio con el gobernador condenado.
Este escándalo de la Gobernación de La Guajira, que se inició hace 12 años, registra ahora otro capítulo vergonzoso. La Gobernación demandó a Olfis ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, lo que les ha servido a los responsables del peculado para enfilar baterías contra los únicos buenos de esta historia, los interventores, funcionarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Ahora el epidemiólogo les pide cuentas a los que lo desenmascararon. Demandar a Olfis es una farsa. En el pleito, Olfis pide que un testigo declare “sobre la afección al buen nombre a que se ha visto expuesto el señor Fredi Alexander Díaz Quijano, por el proceso penal que se adelanta en su contra”. ¿Cuál afección? En evidente acto de mala fe, esta entidad fantasma solo tenía un capital pagado de 5 millones y medio de pesos y se presentó para ganarse un contrato de 18.000 millones de pesos. Díaz Quijano es un tramposo de marca mayor. En una reunión de Olfis avaluó en 79 millones de pesos una carta que él envió a una revista científica y sumó esa cifra al patrimonio de Olfis. La junta aprobó este sinsentido. En la junta estaban su hermano Ronald, su papá Salvador Díaz Garzón y su tío Benjamín Díaz Garzón.
Olfis compró las ovitrampas para atrapar el mosquito del dengue con un sobrecosto del 743 por ciento. El fabricante Plastivalle las vendía a 686 pesos con 50 centavos cada una. El epidemiólogo Fredi Díaz Quijano se las cobró al departamento de La Guajira a 5.103 pesos cada una. Díaz Quijano ferió los dineros del contrato entre familiares y amigos. Lo confirmó la magistrada Patricia Salazar Cuéllar: “Esa organización ferió los recursos públicos entre sus propios miembros y/o familiares, como pasó con Ronald Díaz Quijano –hermano del representante legal–”.
La Gobernación de La Guajira debe pedirle cuentas a Simón Gaviria. Él fue director de Planeación Nacional en 2014, cuando se firmó el convenio con Olfis. Es inaudito que el DNP, encargado de supervisar contratos como estos que se financian con regalías, no haya detectado que La Guajira iba a firmar un contrato de 18.000 millones de pesos con una inexistente organización científica que ni era organización ni era científica ni tenía una pinche oficina. ¿Para qué los Ocad, los órganos colegiados de administración y decisión que son los encargados de evaluar y aprobar las inversiones estatales que se financian con el Sistema General de Regalías? ¿Para qué desperdiciar el tiempo en reuniones cuando cualquiera les habría dicho que Bucaramanga no es sede de ninguna organización latinoamericana? La Guajira debe exigirles una rendición de cuentas a Simón Gaviria y a todos los funcionarios suyos que dejaron pasar este fraude.