La democracia no es un contrato de adhesión a la voluntad de un individuo, ni un cheque en blanco que autoriza a quienes ostentan el poder a perpetuarse en él mediante el sabotaje institucional. Hoy, Colombia se encuentra en el abismo. El desconocimiento sistemático y la retórica sediciosa de figuras como Gustavo Petro e Iván Cepeda, frente a la voluntad popular expresada en las urnas, son los síntomas inequívocos de un intento de golpe de Estado blando diseñado para demoler los cimientos de nuestro Estado de Derecho.

Cuando un gobierno saliente o sus alfiles parlamentarios deciden ignorar la legitimidad del relevo democrático, dejan de ser gobernantes para convertirse en facciones que amenazan la estabilidad de la nación. La arquitectura constitucional colombiana, en el artículo 216 de nuestra Carta Magna, es tajante: la Fuerza Pública está constituida exclusivamente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y tiene como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.

Aquí el punto de quiebre. El orden constitucional es el respeto absoluto al proceso democrático y a la alternancia del poder. Al intentar fracturar la institucionalidad, quienes se resisten a dejar el mando están violando el pacto social. Ante esta deriva, la Constitución, en su artículo 217, otorga a las Fuerzas Militares una misión que trasciende la obediencia al ejecutivo de turno: la preservación de la institucionalidad.

¿Qué hacen nuestros soldados y policías cuando el Ejecutivo, en lugar de ser el garante de la Constitución, se convierte en su principal agresor? La historia y la ley no dejan lugar a dudas. Las Fuerzas Militares deben recordar que su juramento no es hacia un tirano con ambiciones de atornillarse en el poder, sino hacia la Constitución. El artículo 91 es claro en que el mandato de obediencia no exime de responsabilidad a quien lo cumple si este contraviene el ordenamiento superior.

El momento de la historia exige carácter. Un Estado que permite que la institucionalidad sea secuestrada por intereses ideológicos que desprecian el voto popular es un Estado que ha renunciado a su propia existencia. Si el Ejecutivo persiste en su afán de no reconocer el relevo legítimo, está provocando un vacío de poder que solo puede ser contenido por la firmeza de quienes portan las armas de la República, no para ejercer el poder, sino para blindar la democracia.

A nuestras Fuerzas Militares, el país los observa. La patria no les pide que sean actores políticos, les exige que sean los muros de contención frente a quienes pretenden dinamitar los pilares de la libertad. Defender el orden constitucional implica impedir que cualquier facción, por mucho poder que haya acumulado, pueda subvertir el mandato ciudadano. La historia no perdona a quienes, teniendo la fuerza para salvar la institucionalidad, decidieron observar en silencio cómo se extinguía la democracia. El momento de cumplir con su deber constitucional es ahora, antes de que el daño sea irreparable.

Ante este inminente quiebre institucional orquestado por Gustavo Petro e Iván Cepeda, este es un llamado directo y perentorio a la cúpula militar y a cada miembro de las Fuerzas Armadas: su lealtad suprema es con la Constitución y el pueblo colombiano, no con un proyecto político que pretende socavar la democracia.

La historia les reclama que se mantengan firmes como garantes del orden institucional frente a cualquier intento de subvertir la voluntad popular. No permitan que la ambición de unos pocos destruya el legado democrático de nuestra nación; la patria espera de ustedes el cumplimiento valiente de su deber constitucional antes de que el país sea arrastrado al caos.