Los colombianos no podemos seguir engañándonos: mientras la propiedad privada en el país dependa de cinco entidades fragmentadas, el ciudadano seguirá perdiendo y el Estado continuará derrochando recursos. Hoy, Registro, Notariado, la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC (con sus gestores y operadores) y la Unidad de Restitución funcionan como islas. Cada una opera con sus propias estructuras, presupuestos y burocracia bajo ministerios distintos. La propiedad privada es la base de la democracia, pero el Estado la mantiene atascada en un problema histórico.

La democracia no se limita a votar; se legitima cuando un ciudadano puede certificar la titularidad de su tierra sin tramitología ni intermediarios. Siempre lo he dicho: solo hay democracia si hay garantía real de la propiedad. De lo contrario, la Constitución se queda en el papel.

Conozco esta estructura desde adentro. Como exsuperintendente de Notariado y Registro, di una pelea sin tregua contra este cáncer. Vi folios que no coinciden con la realidad del terreno, trámites de meses que deberían resolverse en días y gestores cobrando por “agilizar” deberes básicos del Estado. Sin interoperabilidad, plataformas unificadas y trámites 100 % digitales, la corrupción no desaparecerá; seguirá escondida detrás de la fila.

Iniciamos una verdadera transformación tecnológica y el país lo reconoció. Digitalizamos los folios en todas las oficinas de registro e implementamos la Ventanilla Única de Registro y la firma electrónica en el notariado. Por primera vez, el ciudadano vio una luz al final del túnel. Sin embargo, el avance duró poco. Las mafias internas y externas interpusieron sus intereses, frenaron la modernización y nos devolvieron a sistemas obsoletos, manipulables y diseñados para proteger al tramitador, no al propietario. Al corrupto le conviene el papel, la ventanilla y el desorden, porque de esa burocracia vive y se enriquece.

Sin tecnología ni unidad institucional, la seguridad jurídica es imposible y el costo para el Estado se dispara. Las cifras lo demuestran: entre 2022 y 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) firmó 56.730 contratos de prestación de servicios por $2,51 billones; el IGAC, 35.196 contratos por $1,30 billones; y la Superintendencia de Notariado y Registro, 13.878 contratos por $468.000 millones. A esto se suman miles de contratos heredados por la URT. El resultado es más que evidente: una contratación masiva, pero cero seguridad para la propiedad.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha puesto el dedo en la llaga al señalar la necesidad de recortar $21,9 billones. La salida no es inventar impuestos, sino bajar el gasto y suprimir o fusionar entidades duplicadas, tal como lo prometió en campaña el presidente Abelardo de la Espriella. Unificar las entidades de la propiedad no es un capricho: es la única vía para ahorrar presupuesto, lograr eficiencia y garantizar, de una vez por todas, la propiedad privada en Colombia.

Hay que poner las cosas en su sitio. Los baldíos deben contar con título de propiedad a nombre del Estado; no pueden seguir en tierra de nadie, como botín para despojar al Estado o al ocupante de turno. Si son rurales, deben figurar a nombre de la Nación; si son urbanos, a nombre del municipio. Es hora de definir funciones claras: el Ministerio de Agricultura debe enfocarse en la producción y el campo; el Ministerio de Justicia, en administrar justicia; y la nueva Agencia de la Propiedad, que debe nacer de la reestructuración del Estado, debe dedicarse exclusivamente a titular, registrar, catastrar y garantizar el derecho. Hoy todos se solapan y nadie responde.

Colombia ya demostró que puede modernizarse. Con los vehículos creamos el RUNT, una sola base de datos nacional que integró tránsitos, aseguradoras y ciudadanos. Si logramos unificar la información del parque automotor, ¿por qué seguimos en el siglo pasado cuando se trata de la tierra? Necesitamos un Registro Único de la Propiedad con esa misma lógica: un solo folio cruzado con catastro, escrituras y restitución. Una sola verdad institucional para que quien compre, venda o hipoteque no tenga que deambular por cinco versiones distintas.

La fórmula ya funciona en el mundo: Países Bajos y Suecia unificaron catastro y registro; Estonia lo digitalizó al 100 % y Hungría integró ambos procesos hace más de medio siglo. Donde existe una sola autoridad de la propiedad, hay menos trampa, menores costos y más acceso al crédito, porque el sistema financiero confía en el título.

Colombia necesita una reforma de fondo: crear una sola entidad, el Departamento Nacional de la Propiedad, con dependencia directa de la Presidencia de la República. Un organismo que unifique el Registro, el control del Notariado, la Agencia de Tierras, la Restitución, el Catastro e incluso los títulos mineros. El notario mantendrá su rol por concurso de méritos, pero el ciudadano dejará de peregrinar por cinco feudos para resolver un asunto sobre un solo predio. Una sola plataforma, una sola ventanilla y trámites 100 % digitales resueltos en horas. Cuando la información es pública y transparente, el “gestor” pierde su negocio. Eso es lo que temen las mafias: un sistema que les impida seguir lucrándose de la burocracia.

El personal de carrera se respeta; lo que no se tolera es la parcelación feudal del Estado. Cuatro años son suficientes para hacer la transición hacia este nuevo modelo. Lo inadmisible es modernizar a medias para terminar retrocediendo.

Señor presidente, usted prometió recortar la grasa estatal y fusionar lo duplicado. Su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ya presentó las cifras. Ahora falta la decisión política y el blindaje necesario para evitar que desmantelen el progreso. Si algo ha demostrado Abelardo de la Espriella es que cumple lo que promete. Y usted, como defensor histórico de la propiedad privada, sabe bien que aquí no existen atajos.

Podemos votar cada cuatro años, hablar de paz y llenar de leyes el Congreso; pero si el título de propiedad no ofrece garantías, si los folios se contradicen, si los baldíos carecen de título estatal y si los trámites se venden por debajo de la mesa, no vivimos en una república, sino en la incertidumbre. Sin garantía de la propiedad no hay crédito, no hay inversión, no hay paz rural ni ciudadano libre. Sin garantía de la propiedad, no hay democracia.