El relato gubernamental sobre la protección a la infancia choca de frente con la realidad. Ni el presidente Petro ni el senador Cepeda han exigido con firmeza a los líderes de las disidencias, como Mordisco o Calarcá, la liberación inmediata de los menores reclutados. Sin embargo, sí han respaldado fallos judiciales que atenazan la capacidad de respuesta del Estado.

Un juzgado de familia ordenó recientemente suspender operaciones aéreas militares cuando exista la mínima sospecha de presencia de menores en los campamentos. En el contexto colombiano, donde el uso de adolescentes es una estrategia sistemática del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, una medida con un criterio tan elástico no actúa como protección, sino que se convierte en un salvoconducto que paraliza a la Fuerza Pública ante la simple amenaza de un rumor.

El Gobierno apeló el fallo, y era su deber legal y político hacerlo. No obstante, este debate no comenzó el 7 de agosto; viene de tiempo atrás. El actual mandatario y sus aliados descubrieron muy temprano que la infancia podía convertirse en la mejor barrera protectora para neutralizar el accionar de la Fuerza Pública. En administraciones anteriores, la oposición agrupada en el Pacto Histórico convirtió cada operativo militar en el que hubiera menores en un escándalo mediático contra el Gobierno de turno. No se trataba de una genuina objeción ética, sino de una estrategia deliberada. Mientras se maniataba a las tropas, las estructuras armadas que más tarde se convertirían en las contrapartes de la “Paz Total” continuaban expandiéndose.

Al asumir el poder, la narrativa política se tradujo en decisiones de mando. La restricción de los bombardeos bajo el pretexto de la protección infantil facilitó el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley. Tal como lo he advertido de forma reiterada, esa política trascendía la búsqueda de acuerdos, es decir, respondía a un proyecto de consolidación de poder orientado hacia el ciclo electoral en favor de figuras como Iván Cepeda.

Durante ese periodo, el reclutamiento forzado se condenó en el plano diplomático, pero se toleró en el terreno operacional. Informes de las Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo documentaron un incremento sistemático de casos durante estos años. Los jóvenes que hoy enfrentan las consecuencias del conflicto son la muestra directa del fracaso de un modelo que prometió alejarlos de la guerra, mas terminó profundizando su inserción en ella.

Cuando la “Paz Total” dejó de ser rentable en términos electorales, la protección de la infancia pasó a un segundo plano. El mismo mandatario que condenó de forma vehemente las acciones militares de administraciones pasadas terminó autorizando bombardeos en regiones como Guaviare, Amazonas, Arauca y el Pacífico. Cifras de Medicina Legal dieron cuenta de decenas de menores fallecidos en operativos durante su mandato, entre ellos el realizado en noviembre de 2025 contra las estructuras de “Mordisco”, donde nuevamente se identificaron adolescentes entre las víctimas.

En ese momento, la ofensiva no se detuvo bajo el argumento de que frenarla incentivaría el reclutamiento; una premisa conceptualmente acertada, pero adoptada tardíamente y motivada por cálculos de conveniencia política más que por una convicción de protección infantil.

La narrativa sobre la niñez ha fluctuado según las necesidades del poder: primero se usó el discurso garantista para limitar la operatividad militar mientras las estructuras armadas se expandían; luego se ajustó la doctrina para evitar el costo electoral; y hoy se emplea para cuestionar las políticas de seguridad implementadas por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, que ha mostrado resultados operativos en su primer mes de gestión.

La dinámica parlamentaria ratifica esta conducta: en la Cámara se impulsó una moción de censura contra el ministro de Defensa por los operativos en Guaviare y Catatumbo con el respaldo del Pacto Histórico, mientras que en el Senado se citó a debate de control político por las mismas razones. El enfoque central no estuvo en exigir a las organizaciones al margen de la ley la entrega de los menores reclutados, sino en pedir cuentas al Estado que las combate, repitiendo el mismo patrón de oposición que se aplica de forma alternada según se ocupe la Casa de Nariño o las curules del Congreso.

La prueba de fuego tras el cambio de gobierno sigue siendo incuestionable. Ni el expresidente Petro, ni el senador Cepeda, ni la bancada del Pacto Histórico le han exigido a las disidencias de “Mordisco”, “Calarcá” o al ELN la liberación incondicional de los menores reclutados. Su respuesta institucional ha consistido en acudir a tutelas, mociones de censura, debates y vetos dirigidos exclusivamente contra el Estado. Si existiera un compromiso genuino con la niñez, los reclamos no se dirigirían a los jueces ni a las plenarias, sino a los campamentos de sus antiguos aliados en la “Paz Total”.

Esta conducta revela un cálculo político proyectado hacia los ciclos electorales de 2027 y 2030. La narrativa de un Estado represor requiere de la permanencia de menores en los campamentos; la entrega de los reclutados desmontaría esa estrategia. Quien instrumentaliza al menor para paralizar la acción pública comete una distorsión del derecho internacional humanitario. El Estado tiene la obligación de aplicar los principios de distinción y precaución, pero no de replegarse frente al crimen.

A la administración de Abelardo de la Espriella le corresponde enfrentar este dilema heredado, donde la seguridad real pasa por el rescate de la infancia y la recuperación del control territorial, no por someter la doctrina militar a decisiones judiciales de oportunidad.