Hace unas semanas escribí en esta columna que Rodrigo Uprimny había dejado de contar muertos. Que el mismo jurista que durante el gobierno Duque publicaba cifras de líderes sociales asesinados con el rigor de un notario había decidido guardar silencio cuando esas mismas muertes siguieron produciéndose bajo el Gobierno de Petro. Concluí que el doble rasero no era un accidente, sino un patrón. Hoy vuelvo a demostrarlo.

El 11 de febrero de 2025, Uprimny suscribió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 de la Ley 2332 de 2023, norma que restringe el acceso de colombianos por adopción a ciertos cargos públicos. Su tesis era sencilla: no se puede presumir la deslealtad de una persona por haber obtenido la ciudadanía por naturalización. Hacerlo equivale a discriminarla por su origen nacional. La demanda sostenía además que las restricciones para acceder a cargos públicos debían interpretarse de manera restrictiva y que el régimen de requisitos y prohibiciones presidenciales era cerrado.

Dieciséis meses después, el 10 de junio de 2026, Uprimny firmó el comunicado de exmagistrados según el cual Abelardo de la Espriella no puede ser presidente porque el juramento de naturalización estadounidense resulta incompatible con las funciones presidenciales. Argumentaron que quien juró lealtad a Estados Unidos no puede luego jurar lealtad a la Constitución de Colombia.

Comparemos. En febrero de 2025, Uprimny defendía algo que cualquier estudiante de derecho conoce: el régimen de inhabilidades es cerrado y no puede ampliarse por capricho. En junio de 2026, su concepto viola exactamente ese principio. Construye una causal nueva —haber prestado juramento de naturalización en Estados Unidos— que no aparece en ningún artículo constitucional.

Pero la contradicción más interesante está en otro punto. En la demanda de inconstitucionalidad de 2025, Uprimny advertía contra lo que el constitucionalismo estadounidense llama un overinclusive statute: una clasificación tan amplia que termina castigando también a quienes jamás representarían el riesgo que la norma pretende evitar. Su ejemplo era claro: no se puede presumir automáticamente la deslealtad de toda una categoría de ciudadanos por el simple hecho de haberse naturalizado. Hacerlo es una medida irrazonable y desproporcionada porque sustituye el análisis concreto por una sospecha general.

Pues dieciséis meses después, su comunicado de “juristas notables” hace exactamente eso. Presume que todo colombiano que adquirió la nacionalidad estadounidense es incompatible con la Presidencia por el solo hecho de haber prestado un juramento. Sin análisis individual. Sin examen del caso concreto. La misma lógica que antes le parecía sospechosa en términos constitucionales y de derechos humanos, ahora la aplica contra un colombiano por nacimiento. Y si esa esperpéntica presunción se aplicara coherentemente, cualquier colombiano con doble nacionalidad estadounidense quedaría impedido para ocupar cualquier cargo público que exija lealtad a la Constitución. O sea, todos.

La cosa empeora. En la paz electoral de febrero de 2025, Uprimny defendía una interpretación favorable para colombianos por adopción. En junio de 2026, sostiene una tesis restrictiva frente a alguien que sí cumple la condición que la Constitución considera suficiente para aspirar a la Presidencia: ser colombiano por nacimiento.

En otras palabras, en el concepto de 2026 dejó a sus compatriotas por nacimiento con doble nacionalidad estadounidense en peor condición que aquellos que se volvieron colombianos por adopción tras prestar juramento. Básicamente, les impone un estigma de sospecha de traición a la patria.

Dos documentos. Un mismo firmante. Dos visiones opuestas de problemas jurídicos muy similares. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué cambió entre febrero de 2025 y junio de 2026? Ni la Constitución ni la jurisprudencia lo hicieron. Lo que sí cambió fue el triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial.

Robert Louis Stevenson, en su Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, imaginó a un científico con doble personalidad. Uprimny tiene su propia versión. De cara a su fanaticada, el mesurado profesor, el sabio jurista de ONG, el experto que habla con la serenidad de quien no ha apostado por ningún caballo. Pero cuando el candidato que le disgusta empieza a ganar, aparece el verdadero: el activista que fabrica argumentos jurídicos a la medida de sus preferencias electorales, que usa la autoridad académica como trinchera y la acción pública de inconstitucionalidad como moneda de cambio. El sofista.

El personaje que cree que puede seguir engañando desprevenidos porque su prestigio lo volvió infalible. Uno más de los que en esta campaña se quitaron el camuflaje y terminaron mostrando su verdadero rostro.

Profesor Uprimny: si lo que quiere es hacer política, cambie la cátedra por la tarima. Eche discursos, funde un partido o asóciese a uno —fijo en el Pacto Histórico lo reciben—. Pero no ensucie el derecho con politiquería. No firme demandas en febrero para desdecirse en junio del año siguiente. No nos meta gato por liebre. Sabemos que detrás de cada concepto suyo hay un político en ciernes. Lo que no sabemos es cuántos votos tiene. Preséntese a las próximas elecciones y así, usted y nosotros, salimos de la duda.

Si algo de seriedad le queda, retire la demanda en la Corte Constitucional o su nombre del concepto de celebridades. Ambas son incompatibles, como el derecho y la política electoral.