Colombia no tiene un problema de ideas: tiene un problema de ejecución. Llevamos años discutiendo si el futuro energético debe ser verde o confiable, si la minería es progreso o amenaza. Mientras discutíamos, los proyectos se retrasaban y el sistema acumulaba tensiones.

Asumo el Ministerio de Minas y Energía con una convicción: esta cartera, más que administrar sectores, administra confianza, que es, en definitiva, la gran habilitadora del crecimiento. El presidente Abelardo De La Espriella me encomendó superar el fenómeno de El Niño, recuperar la confiabilidad en el suministro de energía y gas, generar certezas para la inversión y buscar solución al problema tarifario y de calidad del servicio en el Caribe. Esa es mi hoja de ruta y por ella responderé.

El primer objetivo es la seguridad energética, entendida como bien público. El momento es exigente: un fenómeno de El Niño intenso, una demanda creciente, rezagos en proyectos de generación y transmisión, y, por ende, poco margen entre oferta y demanda. No voy a comunicar desde el miedo ni desde la negación. La situación es crítica y no la voy a maquillar, pero crítica no significa perdida: significa que exige método, coordinación y el aporte de cada uno de los colombianos.

Ningún ministerio resuelve solo un reto así. Necesitamos a los generadores manteniendo sus centrales disponibles, a los reguladores decidiendo a tiempo y a cada industria, negocio y hogar usando la energía con conciencia. Esa suma es la que nos sacará adelante.

El segundo objetivo es una transición energética ordenada, confiable y financiable. Acelerar las energías limpias es indispensable y lo haremos, pero con una transición que mantenga al país con energía. Necesitamos fuentes renovables con redes que las transporten, almacenamiento que las respalde, licenciamiento social y ambiental oportuno y reglas estables que redunden en inversión para las regiones.

El gas no está fuera de la transición; por el contrario, la acompaña y apalanca la construcción del sistema resiliente que Colombia necesita. Y aquí debo ser franca: perdimos autosuficiencia y hoy importamos una porción creciente del gas que consumimos. Recuperar el abastecimiento exige infraestructura, contratos oportunos y exploraciones con estándares ambientales exigentes para decidir nuestro futuro sin depender de otros. Colombia no tiene que escoger entre seguridad y sostenibilidad: tiene que hacer ambas bien y a tiempo.

En las zonas no interconectadas, el acceso a la energía no es una discusión técnica: es poder estudiar de noche, conservar una vacuna, comunicarse, emprender y vivir con dignidad. Llevar energía confiable a estos territorios es una prioridad de justicia territorial, porque donde llega la energía también llega el Estado y el futuro.

El tercer objetivo es la legalidad como motor de desarrollo territorial. En minería hay dos realidades que no pueden confundirse: miles de familias viven de la minería tradicional y merecen una ruta clara y rápida de formalización; y hay estructuras criminales que depredan ríos, financian violencia y roban oportunidades. A las primeras las vamos a acompañar. A las segundas las vamos a perseguir, con trazabilidad, control territorial y trabajo articulado con Defensa, Ambiente, las corporaciones autónomas y las autoridades locales. La extracción ilícita de minerales no puede seguir financiando grupos al margen de la ley ni destruir nuestros ríos y montañas.

Sobre los yacimientos no convencionales, la pregunta no es solo si los queremos, sino qué condiciones ambientales, sociales y técnicas son inviolables. Cualquier decisión partirá de evidencias científicas, controles independientes, información pública y participación de los territorios.

Y el agua no es un punto de la agenda: es la línea que no se cruza. Páramos, recarga hídrica, áreas protegidas y territorios étnicos no son variables de ajuste. Con el carbón, la misma lógica: no se apaga con un discurso, se transforma con un plan. Por eso quiero desmontar un falso dilema: el cuidado del ambiente no frena el desarrollo, es su condición de permanencia.

Decidiré y actuaré con datos, no con ideología. Rendiré cuentas antes de que me las exijan, porque prefiero explicar un riesgo a tiempo que una crisis tarde.

¿Y qué puede hacer usted, que lee esta columna? Más de lo que cree. Un hogar que modera su consumo en las horas de mayor demanda libera capacidad para todos, y una empresa que invierte en eficiencia deja de competir por el mismo kilovatio. La seguridad energética no se decreta: se construye con decisiones. Para ello, cuenten con un Gobierno articulado en todos los frentes.

Menos ruido y más método. Menos promesas y más cumplimiento. El mejor anuncio de un Gobierno no es lo que promete: es lo que cumple.