Bogotá está muy cerca de cumplir sus 500 años. En 2038 la capital alcanzará medio milenio de historia y, por eso, el debate sobre cómo construir una ciudad inteligente cobra especial relevancia. No tiene sentido que, después de cinco siglos, la capital de Colombia siga con una red de alumbrado obsoleta, que depende de que los ciudadanos reporten las fallas, que sufre el hurto permanente de luminarias y que arrastra un claro retraso tecnológico frente a ciudades como Medellín y Barranquilla.

Mientras otras ciudades de la región ya cuentan con redes de alumbrado telegestionado, Bogotá permanece en un esquema reactivo y desgastado. Convertir el alumbrado en un sistema 100 % LED inteligente, capaz de monitorearse a distancia, detectar fallas e integrar sensores y cámaras, es una necesidad que no admite más dilaciones. Bogotá merece una iluminación moderna que realmente mejore la seguridad y la calidad de vida de los bogotanos.

El 3 de agosto la administración del alcalde Carlos Fernando Galán radicó el proyecto de acuerdo “Por una Ciudad Inteligente”. Se trata de una reforma tributaria que busca recaudar alrededor de 1,2 billones de pesos anuales, que tiene sus bondades con unos importantes incentivos tributarios. El corazón de la propuesta es una sobretasa al impuesto predial en los estratos 4, 5 y 6 para financiar de manera sostenible esa modernización, Bogotá es prácticamente la única ciudad capital del país que no cobra un impuesto o sobretasa de alumbrado público, mientras la mayoría de las capitales lo hacen, la capital del país ha postergado esa decisión durante años.

Abrir la discusión sobre cómo financiar de forma sostenible este servicio es necesario, sin embargo, el diseño de la reforma y el momento en el que se presenta merecen un análisis cuidadoso. El proyecto también contempla un aumento del ICA al sector financiero (de 14 a 21 por mil) y al comercio de vehículos (de 6,9 a 11 por mil), estos sectores han advertido que un incremento de esa naturaleza puede generar efectos contrarios: el traslado de operaciones a municipios aledaños con tarifas más bajas y el encarecimiento del crédito, especialmente el hipotecario y de consumo. El recaudo que se quiere hacer a corto plazo no puede terminar debilitando la base económica que se pretende gravar.

La pregunta de fondo no es solo si se debería cobrar esa sobretasa, sino si este es el momento para sumar una nueva carga a los ciudadanos y a los sectores productivos. El Gobierno nacional ha anunciado una reforma tributaria orientada a no aumentar más la presión impositiva y ha hablado de austeridad, en ese contexto, la ciudad también debe mostrar un plan claro de austeridad del gasto, para que el ciudadano tenga la tranquilidad y la confianza de que los impuestos se invierten bien y de que la administración es capaz de ser austera.

El punto más crítico, sin embargo, no es solo tributario: es de gobernanza y de propiedad. Durante casi 30 años, ENEL ha operado el alumbrado de Bogotá bajo el Convenio 766 de 1997, que le permitió concentrar la propiedad de la infraestructura, hoy el 97 % de la red le pertenece a esta empresa y apenas el 3 % es del Distrito. Mientras la ciudad paga por el servicio, la modernización hacia una red inteligente que estaba a cargo de ENEL no avanzó. Merece una explicación especial cómo una compañía que en 2025 reportó una utilidad neta de 3,18 billones de pesos no fue capaz de impulsar la actualización tecnológica de una red de la que es dueña casi en su totalidad.

Ahora que el convenio vence el 30 de noviembre de 2026, resulta indispensable que cualquier esquema de financiación con recursos públicos que incluiría, de ser aprobada en el Concejo, la sobretasa, venga acompañado de una transición clara, de una cláusula de reversión y de un plan firme de recuperación de la propiedad por parte del Distrito. Modernizar con impuestos de los bogotanos una infraestructura que sigue siendo privada, sin recuperar el control, no solo sería un mal negocio para la ciudad, sino que podría traer complicaciones jurídicas. En particular, cuando el Convenio no contempló una cláusula de reversión y cuando la Ley 1150 de 2007 exige expresamente esta protección en los contratos de alumbrado público. Modernizar con recursos públicos un activo privado, sin recuperar la propiedad, puede constituir un detrimento patrimonial y una destinación indebida de recursos públicos. El propio articulado del proyecto autoriza vigencias futuras por más de 4,2 billones de pesos y habla de un convenio que “se celebre”, pero no resuelve de quién serán los activos una vez modernizados.

El alumbrado inteligente es indispensable y Bogotá debe dar ese paso. Pero hacerlo bien exige resolver de fondo la propiedad de la red y garantizar que cada peso del recaudo se traduzca en una infraestructura moderna y pública, antes de ser votada en el Concejo de Bogotá.

Solo así tendrá sentido llegar a los 500 años con una capital a la altura de sus desafíos y de las ciudades que ya convirtieron su alumbrado en una herramienta de seguridad, eficiencia y progreso.