Cuatro años le bastaron al gobierno de Gustavo Petro para llevar al borde del colapso el sistema de salud que Colombia construyó durante tres décadas. La reforma con la que pretendían estatizar el sistema, eliminar el aseguramiento, acabar con las EPS y debilitar la red mixta de hospitales y clínicas no pasó por el Congreso. Aun así, la pusieron en marcha por la puerta de atrás, con la intervención de las EPS. El propio Gustavo Petro lo resumió con la frase del “chu, chu, chu”: no hacía falta aprobar la ley; bastaba dejar que las EPS cayeran una tras otra, como fichas de dominó, sin importarle que los pacientes quedaran en el medio.
Esa estrategia desató una crisis que se está cobrando vidas. Son muchas las personas que llevan meses esperando quimioterapia, diálisis o el medicamento que necesitan para sobrevivir. La Contraloría advirtió, en un informe conocido a finales de agosto, que cerca de 29 millones de colombianos están afiliados a una EPS intervenida y que la deuda del sistema con hospitales, clínicas, laboratorios y gestores farmacéuticos llega a $ 58 billones. Para dimensionarlo: $ 58 billones equivalen al 66,7 % de los $ 86,9 billones que el Presupuesto de 2027 destina a toda la inversión del país.
Ese hueco fue el legado del exministro Jaramillo, quien se negó a ajustar la UPC —el valor que el Estado gira por cada afiliado— y dejó atrasados y desfinanciados los presupuestos máximos, que son los recursos para las enfermedades de alto costo. El señor Jaramillo desacató los fallos de la Corte sin ningún tipo de respeto por la ley.
Varias de las EPS intervenidas ya no son viables. El patrimonio está en rojo, la deuda con hospitales y farmacias todos los días crece, y la intervención terminó en catástrofe para el paciente. El nuevo Gobierno tiene que decidir pronto cuáles se liquidan, mientras tanto, puso en marcha un plan de choque. Arrancó con un millón de personas que tenían medicamentos o procedimientos represados, y con un mecanismo de compra de cartera a tasa cero, lo cierto es que los $ 10 billones que se anunciaron en campaña para los primeros días todavía no tienen respaldo presupuestal.
Antes de cualquier reforma, o de un cambio de modelo, hay que estabilizar. Acemi calculó que solo 2026 requiere $ 9,57 billones. El gasto en salud va a llegar al 7,2 % del PIB en 2030, y esa plata no aparece por milagro: hay que buscarla en fuentes que llevan años en el debate. Que la ministra Vesga esté al frente genera tranquilidad, porque llega después de haber documentado la crisis y eso le da la autoridad técnica para tramitarlas.
Una de ellas es cruzar el Sisbén y pasar al contributivo a quien puede pagar. El régimen subsidiado tiene 26,9 millones de afiliados y la pobreza multidimensional es del 11,5 %. Ese cruce, se estima, aportaría cerca de $ 7,7 billones al año. Otra es bajar de diez a cuatro salarios mínimos la exoneración de aportes a salud de la Ley 1607 de 2012. El 93 % de los asalariados gana menos de cuatro salarios, así que ese aporte solo volvería para quien gana entre cuatro y diez. Esta fuente es de cerca de $ 5,7 billones.
También se pueden destinar a la salud los impuestos saludables, que en 2025 sumaron $ 3,32 billones y hoy no tienen destinación específica. Subir el impuesto al tabaco y gravar los vapeadores hasta el 75 % del precio, como recomienda la OMS, aportaría cerca de $ 1,07 billones. Quitar el descuento del 50 % del Soat, creado por un decreto de 2022, devolvería unos $ 900.000 millones. Y revisar el tope de cotización, hoy en 25 salarios mínimos, pues quien gana más debería cotizar sobre lo que gana.
También es necesario abrir el debate sobre el hueco del magisterio. Un afiliado al Fomag costó cerca de $ 5,9 millones en 2025, frente a $ 1,74 millones de la UPC. Pasarlo al sistema general dejaría unos $ 2,8 billones. La Contraloría tiene 61 hallazgos sobre ese régimen. La mala atención y los escándalos de corrupción que denuncian los maestros no justifican el sobrecosto. Por último, se debe evaluar si la deuda conciliada se puede titularizar. El Estado convertiría esa cartera en títulos, respaldados por los giros futuros de la Adres o por garantía de la Nación.
La otra cara de la crisis está en el juzgado, las tutelas crecieron al ritmo del daño: en 2025 se radicaron 312.573 en salud, el doble que en 2022, según Así Vamos en Salud con cifras de la Corte Constitucional. Son el 34 % de todas las tutelas del país. La Supersalud tiene la función
jurisdiccional de resolver las controversias, antes de que el paciente acuda al juez, pero ese mecanismo no opera, por eso la tutela se convirtió en la forma de recibir la cita, el medicamento o la cirugía. Para descongestionar el juzgado, falta mecanismo de conciliación. El paciente y la EPS deberían sentarse, con un plazo corto, y resolver el caso como el Promesa en Argentina. Si el asunto igual llega al juez, este debería tener un médico de apoyo para decidir la medida urgente con criterio, como el NAT-Jus en Brasil. Y el Congreso debe estudiar a fondo si se crean unos tribunales en salud dentro de la justicia ordinaria
Estabilizar, conciliar, titularizar la deuda, tramitar las fuentes en el Congreso y sacar la salud de la fila del juzgado: ese es el reto del nuevo Gobierno, en cabeza de una ministra preparada, que tiene la radiografía clara. El paciente no puede seguir esperando a que el país se ponga de acuerdo sobre el modelo. Primero hay que ponerse al día con él.