Con la salida de Rodrigo Lara se va el ministro más centrista del gabinete y llega Alejandro Ordóñez, quien está indudablemente preparado para el cargo. Que algunos lo perciban como radical importa poco, porque el Congreso es el lugar donde se debaten todas las ideas, y pensar distinto no impide concertar ni dar garantías a los demás. Lo complejo es que el presidente decidió gobernar sin repartir el gabinete, una decisión legítima que exige más votos de los que reúne su bancada de base.

Conseguirlos sin repartir cargos es ahora la tarea de Ordóñez, y para eso vale la pena evaluar si el método sería un ‘gobierno a la portuguesa’, en el que un partido ocupa todo el gabinete y otros se comprometen de antemano, por escrito y en público, a apoyar una agenda común en el Congreso, con lo que el Gobierno asegura votos estables y sus aliados, en lugar de cargos, ven incluidas sus prioridades con certeza. El país gana, además, la estabilidad y seguridad jurídica que buscan los inversionistas, como las que acompañaron el llamado milagro económico portugués.

La expresión se popularizó en 2019, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se la ofreció sin éxito al partido político Podemos, que exigía ministerios. Que la propusiera un socialista no la vuelve de izquierda, porque José María Aznar, de derecha, ya había gobernado así desde 1996, con el apoyo de los nacionalistas catalanes sin darles participación burocrática. Así debería funcionar la democracia, con acuerdos sobre políticas públicas o leyes y no sobre cargos, aunque el reparto de puestos se volvió tan habitual que hoy parece la regla.

El nombre viene de Lisboa, donde en 2015 la coalición de centroderecha ganó las elecciones sin mayoría y cuatro partidos de centro y de izquierda sumaron sus votos para impedir que formara gobierno. El socialista António Costa gobernó solo, y cada uno de los otros tres firmó con él un acuerdo escrito y público, sin ministerios, que dejaba por fuera los temas que los dividían, como el euro. Sus críticos lo apodaron con sorna geringonça, que en portugués designa un artefacto improvisado y mal construido que amenaza con desarmarse, pero duró toda la legislatura y funcionó como fórmula de gobernabilidad.

No se puede equiparar el caso de Colombia con el de los lusos, porque allá el gobierno depende del Parlamento y el acuerdo era cuestión de supervivencia, mientras que aquí el presidente tiene su periodo asegurado por el mandato popular y lo que está en juego son sus proyectos. Con esa salvedad, una adaptación de ese mecanismo cabe en nuestro sistema jurídico, porque la Ley 5 de 1992 no lo prohíbe y, si cada bancada lo adopta formalmente, sus congresistas quedan obligados a votarlo.

Hay condiciones para intentarlo, porque el presidente quiere apoyos sin entregar ministerios y el Centro Democrático, la bancada de derecha con más escaños, se declaró partido de gobierno sin pedir cargos, aunque solo acompañará lo que considere acertado. Los separa la batalla cultural, pero los unen la seguridad, el apoyo a los empresarios y la crisis de la salud. Hasta ahora han estado juntos, pero no revueltos, pese a que el partido del presidente, Defensores de la Patria, y el uribismo competirán en las elecciones regionales de 2027.

La agenda no espera, pues el próximo 7 de febrero el Gobierno debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta de sus cuatro años, y en paralelo avanzan la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la descentralización, la ley antimermelada y la ley de rescate. Pero las cuentas no dan, porque los partidos más cercanos al Gobierno están lejos de la mitad del Senado, así que el acuerdo debe incluir, además del Centro Democrático, a La U y al Partido Liberal.

La pregunta es cómo sumarlos, porque los gobiernos colombianos suelen conseguirlos con cargos, contratos y recursos para las regiones de los congresistas, lo que se conoce como mermelada. Si este Gobierno quiere acabar con esa práctica, necesitará ofrecer otra moneda: la inclusión de las prioridades de sus aliados en las leyes. La primera prueba será el Plan de Desarrollo, porque es ahí donde otros gobiernos han conseguido apoyos a cambio de obras regionales y de artículos ajenos al plan, varios anulados luego por la Corte Constitucional.

El acuerdo debería tener, como mínimo, cinco piezas: un texto común y anexos separados con cada partido, para que nadie respalde lo que no comparte; una lista cerrada de proyectos de ley por año legislativo, encabezada por el Plan de Desarrollo; libertad de voto para cada partido en lo que no esté en la lista, que es el acuerdo sobre lo fundamental del que hablaba Álvaro Gómez Hurtado, juntos en lo que une y no revueltos en lo que divide; una mesa quincenal presidida por el ministro del Interior, con un informe público de cumplimiento, y una revisión anual, la primera después de las elecciones regionales, con el peso de cada partido ya medido en las urnas. Esa revisión coincide con cada legislatura y permite retirarse sin cambiar la declaración de partido de gobierno, que la Ley 1909 solo deja modificar una vez.

La fórmula tiene costos, empezando por el Gobierno, que debe aceptar que sus aliados frenen proyectos de la lista. El Centro Democrático arriesga que los votantes le atribuyan todos los logros al presidente, como le pasó al Bloque de Izquierda portugués, que se desplomó tras romper en 2021; por eso cada compromiso debería llevar el nombre de quien lo propuso. A La U y a los liberales les ofrece algo más útil que una cuota, una descentralización con reglas generales para sus regiones, sin partidas con nombre propio.

La alternativa, seguir negociando tema por tema con los partidos de Gobierno, convierte cada votación en una prueba de fuerza y desgasta el capital político del presidente en la batalla cultural y no en los temas trascendentales de la administración pública. Gobierno y aliados se han entendido por instinto, y la llegada de Ordóñez es la ocasión para que se entiendan por convicción y por escrito.