El terremoto que sacudió al país esta semana deja, además del miedo y los daños que apenas comienzan a conocerse, una pregunta que será cada vez más importante a medida que avance la emergencia. ¿Qué hacemos con las familias que perdieron su casa o que no pueden regresar a ella porque quedó en riesgo de colapso? La respuesta parece sencilla cuando se mira desde una ciudad, donde existen hoteles, apartamentos disponibles y un mercado de arrendamiento, pero se vuelve mucho más difícil cuando pensamos en una vereda a la que solo se puede llegar por río, por una carretera destapada o incluso en helicóptero.
Colombia ya cuenta con ayudas de arrendamiento temporal para hogares afectados por desastres, y seguramente serán necesarias durante las próximas semanas. El problema es que entregar dinero no garantiza que aparezcan viviendas disponibles y, cuando miles de personas salen al mismo tiempo a buscar dónde vivir, el aumento repentino de la demanda puede terminar reflejándose en los precios. Ya se habla de incrementos en los arriendos en algunas de las zonas afectadas y, si eso ocurre, una parte del esfuerzo fiscal terminará beneficiando al propietario y no necesariamente a la familia damnificada.
En las ciudades vale la pena comenzar por la vivienda que ya está disponible. El Estado podría contratar directamente habitaciones de hoteles y apartahoteles, identificar inmuebles públicos que puedan utilizarse temporalmente y revisar los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales. La SAE tiene miles de inmuebles bajo su administración y algunos podrían servir para alojar familias mientras reparan o reconstruyen sus viviendas, aunque sería un error asumir que todos se encuentran en condiciones para ser habitados.
Por eso tendría que hacerse rápidamente un inventario que permita distinguir los inmuebles que pueden ocuparse de inmediato, aquellos que necesitan reparaciones menores y los que simplemente no sirven para este propósito. También sería indispensable establecer un sistema riguroso de asignación, porque una emergencia no puede convertirse en una oportunidad para entregar discrecionalmente bienes del Estado. Cada inmueble utilizado debería estar vinculado a una familia registrada como damnificada, tener un plazo definido de ocupación y hacer parte de un sistema público que permita conocer cuántos bienes fueron utilizados, dónde están y durante cuánto tiempo.
Pero esta solución tiene un límite evidente. Buena parte de Colombia no tiene un mercado de arrendamiento suficientemente grande, no tiene hoteles disponibles y tampoco cuenta con cientos de apartamentos vacíos esperando a ser ocupados. En muchas zonas rurales, perder una vivienda significa además quedar lejos de los cultivos, los animales, las herramientas y las actividades de las que depende el ingreso familiar. Llevar a esas personas durante meses a una cabecera municipal puede solucionar temporalmente dónde duermen y crear al mismo tiempo varios problemas nuevos.
Otros países han enfrentado dificultades parecidas. Después del terremoto de Pakistán de 2005 y del de Nepal de 2015, que afectaron extensas zonas rurales y montañosas de difícil acceso, se utilizaron programas de reconstrucción dirigidos por los propios propietarios. En lugar de contratar desde el gobierno la construcción de cada vivienda, las familias recibían recursos por etapas, diseños y asistencia técnica, mientras ingenieros y equipos especializados verificaban que las nuevas construcciones cumplieran condiciones de seguridad. En Nepal, este modelo permitió reconstruir cientos de miles de viviendas y buena parte del proceso se hizo en los mismos terrenos donde las familias habían vivido antes del desastre.
Colombia podría adoptar una estrategia semejante. Cuando las condiciones del terreno permitan permanecer allí, una familia rural debería recibir rápidamente una solución provisional que pueda instalarse en su propio predio mientras reconstruye su vivienda. Una alternativa son pequeñas unidades habitacionales modulares y desmontables, más resistentes que una carpa y diseñadas para transportarse por carretera, río o, en los lugares donde no exista otra posibilidad, por vía aérea. No tendrían que ser iguales en todo el país, porque una solución adecuada para el clima del Chocó seguramente no lo será para una zona fría de la cordillera, pero sí podrían cumplir unas condiciones mínimas de piso, cubierta, ventilación, agua, energía básica y privacidad.
Esa vivienda sería temporal y estaría acompañada de un primer desembolso para comenzar la reconstrucción definitiva. Los siguientes recursos podrían entregarse a medida que avance la obra y un equipo técnico certifique que la nueva casa cumple estándares sismorresistentes. El Estado financiaría, acompañaría y supervisaría, mientras las familias participarían directamente en la reconstrucción y podrían utilizar trabajadores y proveedores de su propia región. Una vez terminada la vivienda, la unidad modular podría retirarse y utilizarse nuevamente en otra emergencia, siempre que sus materiales y condiciones lo permitan.
Eso permitiría además evitar uno de los errores más costosos después de un desastre, que es reconstruir exactamente las mismas condiciones de vulnerabilidad que existían antes. La ayuda pública no debería limitarse a volver a levantar una pared que puede caerse en el siguiente terremoto, sino aprovechar la reconstrucción para mejorar las condiciones de seguridad de las viviendas y enseñar técnicas que permanezcan en las comunidades.
En los lugares más apartados, el desafío será adicional porque, antes de reconstruir, habrá que lograr que la ayuda llegue. Allí se necesitan centros logísticos regionales con materiales, alimentos, sistemas de potabilización de agua, soluciones temporales de alojamiento y equipos de comunicación que puedan movilizarse según las condiciones de cada territorio. En unos lugares llegarán por carretera, en otros tendrán que hacerlo por río y, cuando no exista otra alternativa, será necesario establecer puentes aéreos con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y otras capacidades del Estado.
No todas las familias que pierden su vivienda después de un terremoto necesitan la misma solución. En una ciudad puede ser suficiente encontrar durante unos meses un apartamento disponible, mientras que en una vereda la prioridad puede ser permanecer cerca de la finca y recibir materiales y asistencia para reconstruir. La respuesta del Estado debería reconocer esa diferencia y combinar la capacidad habitacional que ya existe en las ciudades con una estrategia de reconstrucción acompañada en las zonas rurales.
Un terremoto no escoge entre la Colombia urbana y la Colombia profunda, pero sus consecuencias son distintas dependiendo del lugar donde se vive. Entender esas diferencias es el primer paso para que la reconstrucción no se diseñe desde un escritorio, sino a partir de las condiciones reales de cada territorio. Antes de prescribir soluciones, hay que escuchar a los damnificados.