Entre la contundente derrota republicana en Estados Unidos y el escándalo por los presuntos contratos a cambio de favores sexuales en la Presidencia de Gustavo Petro, pasó inadvertido el conflicto entre el ministro de Agricultura y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Esta semana se revelaron audios en los que ambos protagonizan un fuerte cruce de palabras durante una reunión institucional. Dos hombres que se conocen hace décadas hoy discuten parte del futuro de un sector que sostiene a más de 650.000 familias.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, señaló en varios medios de comunicación que el choque obedece a diferencias personales del pasado. Por su parte, el ministro Indalecio Dangond anunció una auditoría al Fondo Nacional del Ganado, que ha manejado cerca de un billón de pesos en sus últimos 8 años de operación, para investigar posibles irregularidades y si los recursos se usaron para los fines que fija la ley.
Tal vez Lafaurie tenga razón al alegar una arbitrariedad, pero la carga de la prueba recae en él y puede que carezca de elementos para sostenerla. No obstante, es innegable que parte de la opinión pública ha atribuido al Gobierno actual la salida de algunos dirigentes gremiales, y que un ministro le levante la voz a uno de ellos no solo profundiza esa percepción y perjudica a todo el gabinete, sino que permite que la discusión de fondo pierda relevancia.
Incluso con el error de forma, el ministro no solo tiene la facultad de promover la auditoría, sino que acierta al revisar el recaudo y el gasto encomendados a Fedegán. Después de recibir recursos públicos de tal cuantía desde 2019, lo mínimo prudente es evaluar su desempeño.
Para esa evaluación existe un punto de partida claro. La Ley 89 de 1993 creó la cuota de fomento que pagan los ganaderos por cada res sacrificada y por cada litro de leche vendido, dispuso que el Gobierno contratara con Fedegán su administración y definió en su artículo 4.° en qué deben invertirse esos recursos. Entre otros fines, menciona la investigación científica, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología para aumentar la productividad, el apoyo a las exportaciones y la cofinanciación de infraestructura en las zonas productoras, y obliga a reservar al menos el 10 % de lo recaudado para promover el consumo de carne y leche en los hogares de bajos ingresos. Con esa lista como referencia, la auditoría debería establecer si el dinero ha servido para mejorar la genética del ganado colombiano, extender la ganadería regenerativa y tecnificar a los pequeños productores.
Una parte de esa plata tiene una historia particular. En 1997, la Ley 395 aumentó la cuota y destinó la mitad del incremento al programa de erradicación de la fiebre aftosa, mientras se cumplieran los objetivos de esa norma. Colombia obtuvo en 2009 la certificación internacional como país libre de aftosa con vacunación, la perdió tras un brote en Tame, Arauca, en 2017, causado por ganado de contrabando, y la recuperó en 2020. Esos episodios justifican mantener la vacunación, pero no explican por qué el recargo se cobró sin cambios durante los años sin brotes ni por qué casi tres décadas después el país no ha alcanzado el estatus de libre sin vacunación, que es el escalón más alto de la certificación sanitaria.
A eso se suma que el ganadero financia la operación con la cuota y además paga de su bolsillo cada dosis de la vacuna, en una campaña que hoy alcanza cerca del 99 % del ganado del país. Ese costo pesa sobre todo en los campesinos con pocas reses, que son la gran mayoría de los productores y deben vacunar dos veces al año igual que los grandes ganaderos.
Un recargo creado para cumplir una meta específica se justifica mientras esta no se haya alcanzado, pero cuando el objetivo ya no tiene fecha de cumplimiento, deja de ser una contribución transitoria y empieza a parecerse a un impuesto permanente. Dado que la erradicación total sigue sin un plazo definido, prolongar el cobro debería ser una decisión expresa del Congreso y no la consecuencia de una norma que nadie ha vuelto a revisar.
La protección del estatus sanitario tampoco se ha traducido en nuevos mercados, pese a que al Fondo también le corresponde apoyar las exportaciones. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está vigente desde mayo de 2012 y le concede a la carne colombiana una cuota libre de aranceles, pero en 14 años el país no ha podido exportar carne bovina a ese mercado porque no ha obtenido la admisibilidad sanitaria. Según Fedegán, el principal obstáculo es la falta de un sistema de trazabilidad que certifique el origen de los animales en la zona desde donde se exportaría, una tarea en la que han fallado tanto el gremio como el Estado.
En diciembre, mientras avanza la revisión de las cuentas del Fondo, la federación ganadera elegirá presidente, pues termina el periodo actual de Lafaurie. En términos estratégicos, el ministro podría apostar a que la junta escoja a otro, pero no parece fácil, porque acaba de respaldarlo públicamente y él lleva 22 años ininterrumpidos al frente de la organización.
Una auditoría seria no tiene por qué ser una amenaza para Fedegán. Si sus cuentas están en orden, como sostiene la Junta Directiva, será la ocasión para mostrar con datos lo que el gremio ha hecho con la plata de los productores y para cerrar una discusión que ha reaparecido con varios gobiernos. Para un sector que ocupa la mayor parte del suelo agropecuario del país con una baja productividad por hectárea, lo que importa es saber si la cuota que pagan los ganaderos se ha traducido en un campo más productivo.