Creo en las fuerzas del mercado; como economista, veo la vida social a menudo como una confrontación aguerrida entre oferta y demanda que fija precios. Hoy, sin ambages, el precio que se negocia en buena parte de nuestra vida cívica es la patria misma. Por eso no se puede –no se debe– vender el voto: Colombia no tiene precio. Me explico.

Una de las máximas de la economía es simple: donde hay oferta, hay demanda. En Colombia se compran votos porque hay quienes los ofrecen. Eso duele, pero es la verdad. Vender el voto por un puñado de dinero, un almuerzo o una promesa pasajera es una costumbre putrefacta que debemos desterrar. El voto no tiene precio; venderlo es vender la patria, es vender la dignidad.

Para erradicar esa práctica debemos comenzar por no justificarla. La pobreza y la necesidad explican muchas conductas, pero no las absuelven. Resolver la angustia de un día con una dádiva electoral puede aliviar un estómago, pero daña el tejido institucional y compromete el futuro colectivo. No hay dinero que compense la pérdida de voz política ni la entrega de decisiones públicas a quien compra conciencias.

La primera tarea es cultural: enviar un mensaje claro e inconfundible de que el sufragio no se negocia. Hable con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Promueva la conciencia cívica donde esté: en el barrio, en el mercado, en la universidad, en la iglesia. Si cada ciudadano rechaza públicamente la oferta de un voto, quien la proponga perderá su capacidad de compra. La presión social es tan poderosa como la ley. Dígale en la cara: no venda a su madre.

No podemos delegar toda la responsabilidad en la Registraduría. Colombia no tiene un problema masivo de fraude en el conteo; el verdadero fallo está en la compra y venta de votos. Y esa práctica no solo la alimentan los oferentes de dádivas: la sostienen quienes aceptan. Ambos actores deben ser señalados y transformados.

Quienes compran votos lo hacen porque sus propuestas no convencen; porque prefieren atajos ilícitos para mantenerse en el poder; porque calculan que el retorno político justifica la inversión. Para ellos, el electorado es un recurso descartable, desechable, despreciable. Para nosotros, en cambio, cada voto es una confianza, una expresión de ciudadanía que merece respeto. Resistir la compra del sufragio es exigir políticas públicas que prioricen la justicia social y la transparencia, no la compra temporal de lealtades.

Un llamado especial a regiones donde la práctica está más arraigada: defender la integridad del voto es defender la capacidad de decidir el propio destino. Nadie mejor que ustedes sabe la fuerza cultural y creativa de sus comunidades. No permitan que intereses ajenos vulneren esa fuerza. Denle valor a su voz; no la subasten.

Y otro mensaje. A quienes creen que su voto “no sirve”: se equivocan. No votar es ceder la decisión a otros; es abrir un espacio para que quienes sí participan, incluidos quienes compran votos, definan el rumbo de todos. Abstenerse, en condiciones de compra y venta, equivale a facilitar la transacción que algunos esperan. Votar es proteger la posibilidad de cambios profundos; es ejercer resistencia frente a la cooptación del poder.

Las soluciones pasan por la educación cívica, por programas sociales que reduzcan la vulnerabilidad que facilita la compra de votos, por sanciones efectivas a quienes transgreden la ley y, sobre todo, por una ética pública y privada que haga de la dignidad y la ciudadanía valores no negociables. Es tarea de todos: del Estado, de la sociedad civil, de los partidos y, sobre todo, de la gente.

No vendamos la patria. No vendamos la madre que nos dio la vida política. El voto es el pacto que nos permite decidir juntos el país que queremos. Defenderlo es defendernos a nosotros mismos. Nadie vende a su madre; nadie debería vender la patria. A votar desde el corazón y la conciencia. Está en juego el país de todos.