La ley de rescate de Abelardo de la Espriella es, ante todo, una reforma tributaria que potencia las anteriores de Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro. No sorprende que la avale el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sigue la senda neoliberal reforzada desde 1999 con el primer acuerdo extendido con el FMI, que encaminó la tributación colombiana a una estructura regresiva en la que los impuestos indirectos priman sobre los directos, que privilegia la eficiencia en el recaudo sobre la progresividad. Es la misma característica que se denota en esta ley de rescate cuando se suman, en billones de pesos corrientes, los principales rubros desde 2027 hasta 2030.

Estos datos desmienten al vicepresidente Restrepo y al ministro Gómez, quienes dicen que el menor gasto del Gobierno es el 70 por ciento del valor neto del proyecto, cuando es solo el 27, por debajo de la agregación del IVA.

Tampoco hay “rescate social”, aun con la supuesta devolución del cien por ciento de IVA a 19 millones de pobres, porque los impuestos indirectos –sumados el de tabaco, licores, cerveza, carbono, “saludables” y similares– valen 102 billones de pesos. Al contrario, los directos, de renta y patrimonio, alcanzan 33,9 billones sin descontar la rebaja en este último de 1,48 billones. La desigualdad es evidente.

Los esfuerzos del profesor Jairo Núñez por darle un toque de equidad a la ley quedan truncos cuando reconoce que “si la devolución del IVA de los hogares pobres depende de la factura, perderían recursos” (…) (X, 2/11/26). En efecto, en Corabastos, el mayor proveedor de plátano, cebolla y tomate del país, escasamente la quinta parte de los 5.285 puestos, tiene internet, sin contar a los proveedores ubicados allí en calles y pasillos. ¿Acaso los 700.000 micronegocios, expendedores de alimentos y no especializados de Colombia, montarán para 2028 el sistema al que se supedita el “rescate social”? (Dane, Cenu, 2024).

Nada salva de la injusticia a la ley de rescate. El economista Andrés Trigos calcula que, de los ingresos del decil más pobre, se carga el 5,23 por ciento, mientras que del más alto apenas el 0,534 (X, 1/11/26), diez veces menos. Peor es que con tanto tributo regresivo se financiaría el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge) a grandes compañías que pagarán tarifa de renta del 20 por ciento con 16 años de estabilidad tributaria. La directora de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, advierte que esto “inclina la cancha a favor de los jugadores más poderosos” (El Tiempo, 2/11/26).

El proyecto no rescata a los pobres y a la clase media –la de 18,3 millones de personas– la entierra entre escombros, a uno de cada tres colombianos, que son empleados públicos y privados, profesores, obreros calificados o profesionales independientes (Dane, 2024). No les devuelve el IVA, les caen plenos los demás tributos indirectos, les sube el impuesto de renta y la contribución a la salud del 4 al 12 por ciento del salario, les aplica el 19 por ciento a los planes sanitarios complementarios y, en la rebaja de la tarifa de renta a las personas jurídicas, las pymes no son las beneficiarias porque dos de cada tres pesos van para las 625 empresas que facturan más de 25.000 millones de dólares anuales (X, Trigos, 2/11/26).

Pastrana aumentó la base del IVA (2000), Uribe expidió la costosa Confianza Inversionista (2004), Santos puso el impuesto al consumo y amplió la base de renta a 1,3 millones de personas más (2012), Duque (con Restrepo-2021) trató por igual a pymes y a grandes consorcios, Petro clavó el impuesto al consumo de arepa, del carbono y dobló el de la gaseosa (2022). El Tigre juntó tanta iniquidad, la agrandó, y –como todos– extranjeriza las ganancias y socializa las pérdidas. Ese es el neoliberalismo milagro.

Adenda. Nos salvamos de Fajardo, cuyo eventual ministro de Hacienda, J. J. Echavarría, propuso IVA de 19 por ciento para todo.