Ganó Keiko. Su triunfo en la turbia contienda electoral del domingo pasado en Perú trasciende los resultados de las urnas. Esta victoria es la de una mujer valiente, a quien la justicia, convertida en arma política, intentó destruir con procesos mediáticos diseñados para sepultar, bajo un manto de infamias, su carrera y el legado de su padre.

Su trayectoria es una cicatriz de resistencia, marcada por una injusta medida de prisión preventiva que la privó de su libertad durante dos años y le arrebató la alegría de ver crecer a sus hijas. Curiosamente, el artífice de tamaña infamia, es el entonces fiscal José Domingo Pérez, hoy convertido en streamer de YouTube. Lo suyo no era el derecho.

Keiko conoce bien las entrañas de la política de su país. Fue primera dama cuando apenas tenía 19 años, durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y, desde entonces, ha defendido la autoridad de mano firme que hoy, tras su victoria, el país vuelve a reconocer.

En 1990, Alberto Fujimori recibió un Perú sumido en el abismo de la hiperinflación y desangrado por la barbarie terrorista. Su visión estratégica le permitió estabilizar la economía y devolverle la seguridad a un pueblo que vivía bajo toque de queda. Su cruzada contra Sendero Luminoso marcó un antes y un después en la historia de Perú y de toda la región, como impronta de la lucha anticomunista en América Latina.

Esto no hubiera sido posible sin la labor de destacados oficiales que enfrentaron la violencia terrorista, como los generales Juan Fernando Dianderas y Walter Segundo Chacón. Ambos, tras años de servicio al Estado, fueron objeto de procesos judiciales prolongados y medidas privativas de la libertad, una situación que, desde diversos sectores, ha sido denunciada como parte de una persecución política sistemática contra quienes defendieron el orden durante aquellos años críticos.

Tuve la oportunidad de conocer al general Dianderas, entonces director general de la Policía y ministro del Interior. En nuestra interlocución comprendí que la pacificación del Perú fue el resultado de una inteligencia operativa sin precedentes. El producto de un trabajo metódico de los oficiales del Gein –la unidad de élite que rastreó casa por casa a la cúpula senderista– hasta desarticular su red y dar el golpe de gracia: la captura de Abimael Guzmán, aquel profesor de filosofía que transformó el descontento social en una maquinaria de muerte. Fue así como, finalmente, le devolvieron la paz a una nación que parecía condenada al horror.

Esta es, en esencia, la deuda que la izquierda nunca ha querido reconocerle a Keiko Fujimori: la herencia de un padre que con firmeza logró darles seguridad a sus conciudadanos. Un legado que ella ha defendido a lo largo de sus cuatro campañas presidenciales, y que hoy, ante el fracaso de los modelos neocomunistas y populistas, quedó reivindicada.

Sin embargo, el Perú de hoy no ha estado exento de vivir en una especie de laboratorio de inestabilidad crónica. En este vaivén político se ha visto desfilar a ocho presidentes de distintos espectros ideológicos en los últimos diez años; desde técnicos liberales hasta miembros de la izquierda radical.

Es por eso que, durante la jornada electoral del pasado 7 de junio, las prácticas irregulares buscaron alterar el clima político, generando zozobra y desconcierto entre los electores ante un escrutinio lento y confuso.

Estar presente en Lima durante esta jornada decisiva me permitió comprender que la batalla que libra el Perú es, en esencia, nuestra misma batalla: los votos del ‘sanchismo’ peruano, esa amalgama de izquierda radical y populismo, se concentran en regiones donde el legado del senderismo aún mantiene estructuras criminales de clientelismo y control social.

En contraste, el voto a favor de Keiko se consolidó en las zonas urbanas, en los centros productivos y en el extranjero, donde los peruanos hastiados del estatismo y la inseguridad reclaman libertad para emprender y seguridad para prosperar. La izquierda continental sabe perfectamente que, si Perú logra estabilizarse bajo una visión de orden y autoridad, el dominó de los narcorregímenes regionales caerá.

Y esta vez el engaño les salió mal. Aprendiendo de las amargas lecciones del pasado, Keiko entendió que no podía dejar ni un solo flanco abierto. Fue imperativo contar con personeros –nuestros testigos electorales– en cada mesa de todo el territorio del país para garantizar una fiscalización rigurosa del conteo. Las lecciones del pasado fueron evidentes frente a la alteración de cerca de 13.000 actas durante el proceso electoral que ganó Pedro Castillo.

Aquel precedente fue determinante para comprender que la izquierda opera sin escrúpulos ante la inminencia de su derrota. Ante esta realidad, el control técnico y la presencia física en el territorio se convirtieron en la única garantía para blindar la voluntad popular. Por fortuna, nuestro sistema electoral es más eficiente y predecible, pero no está exento del libreto de fraude de la izquierda.

La victoria de Keiko Fujimori, la primera mujer elegida presidenta por voto popular en Perú, marca el avance de una nueva etapa para la derecha en América Latina.

En Colombia, a solo unos días de acudir a las urnas, nuestra responsabilidad es defender la democracia, consolidarla y blindarla frente a cualquier amenaza de desestabilización. La hora de la verdad ha llegado. Ya conocemos la historia de nuestros vecinos. No podemos permitir que nuestro futuro y el de las siguientes generaciones termine en la oscuridad del socialismo, que solo deja miseria, exilio y muerte.