La primera vuelta presidencial dejó algo más importante que un resultado electoral: dejó una prueba de carácter para quienes dicen defender la democracia.
Cuando las urnas no producen el desenlace esperado, los verdaderos demócratas aceptan la voluntad ciudadana y salen a convencer a más electores. Los autoritarios, en cambio, buscan excusas, señalan fantasmas y empiezan a preparar el terreno para desconocer aquello que no les favorece.
Por eso, preocupa tanto la reacción que hemos visto en los últimos días desde el oficialismo. En lugar de asumir con serenidad el resultado, el presidente Gustavo Petro ha optado por sembrar dudas sobre una jornada democrática que contó con el respaldo de las autoridades electorales, de las instancias judiciales competentes y de los organismos internacionales que acompañaron la elección.
Las palabras importan. Más aún cuando provienen del jefe de Estado. Un presidente no puede jugar con la confianza ciudadana en las instituciones ni comportarse como jefe de campaña cuando su deber es garantizar tranquilidad, orden y respeto por las reglas democráticas.
Durante los últimos días, hemos visto varios hechos que deberían encender las alarmas. Uno de ellos fue la retención del bus de la Selección Colombia por parte de seguidores de Iván Cepeda. También vimos al propio candidato recorriendo las calles de Bogotá rodeado de jóvenes que pintaban grafitis. Al mismo tiempo, distintos muros comenzaron a llenarse con la sigla “M31”, una referencia a la narrativa del supuesto fraude electoral. En distintas universidades aparecieron las asambleas permanentes, los llamados a paro y las movilizaciones bajo el mismo argumento. En la Universidad de Antioquia hubo disturbios protagonizados por encapuchados. En Univalle se promovió un paro indefinido acompañado de hechos de violencia. En la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad Nacional y en otras instituciones se convocaron nuevas asambleas y movilizaciones. Incluso vimos bloqueos de vías que terminaron afectando a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con la contienda electoral.
Nada justifica afectar la movilidad, la tranquilidad y los derechos de millones de ciudadanos simplemente porque Iván Cepeda no ganó la primera vuelta en democracia.
Frente a este panorama, el candidato tenía una oportunidad para enviar un mensaje claro. Podía rechazar estos hechos, llamar a la calma y reafirmar su compromiso con la convivencia democrática. Pero ese pronunciamiento nunca llegó.
Por el contrario, compartió mensajes de sectores afines que se declaraban en “asamblea permanente hasta la victoria”. Ese no es un mensaje menor. En medio de una campaña tan polarizada, significa mantener la movilización política en las calles cuando lo que el país necesita es serenidad y respeto por las instituciones.
Las dudas no nacen únicamente de estos hechos. También nacen de las respuestas que los propios dirigentes del petrismo se niegan a dar. En los últimos días, varios periodistas les formularon una pregunta elemental a Iván Cepeda y a Aida Quilcué: si aceptaban los resultados de la primera vuelta. Era una pregunta que admitía una respuesta simple: sí o no. Sin embargo, la respuesta nunca llegó. Cepeda evitó responder y Aida Quilcué optó por cambiar de tema para hablar de campaña.
A ello se suma la actitud del propio presidente Petro. Durante los últimos días se le ha visto fuera de control, dominado por la rabia y la frustración. Sus discursos transmiten la imagen de un hombre consumido por la posibilidad de una derrota política, no la de un jefe de Estado llamado a garantizar tranquilidad y confianza institucional. Por el contrario, aumentan la preocupación sobre la manera en que el Gobierno asumiría una eventual derrota de su candidato. Más inquietante aún fue escucharlo hablar nuevamente de “libertad o muerte” y manifestar su deseo de estar acompañando las movilizaciones. Son mensajes que, lejos de bajar la tensión, contribuyen a incrementarla.
La democracia exige algo más que participar en elecciones. Exige aceptar las reglas del juego incluso cuando el resultado no es el esperado. Exige entender que las diferencias políticas se resuelven con argumentos y votos, no mediante bloqueos, presión callejera o intimidación.
La preocupación no es menor. Todas estas convocatorias y llamados a la movilización se están concentrando en las grandes ciudades del país, precisamente donde se genera buena parte de la inversión, el empleo y la actividad económica de Colombia. Lo que estamos viendo no es una reacción espontánea. Es una estrategia de presión política que busca mantener al país en un estado permanente de agitación.
Si eso ocurre, los alcaldes serán fundamentales. Son la primera autoridad de policía en sus territorios y tendrán la enorme responsabilidad de proteger la integridad, la vida y los derechos de los ciudadanos, así como garantizar la movilidad, el orden público y el funcionamiento normal de las ciudades.
Esta columna es un llamado a los colombianos. No podemos dejarnos intimidar ni normalizar los bloqueos, la violencia o las vías de hecho como herramientas de presión política. Debemos rodear y respaldar a nuestros alcaldes cuando actúen para proteger a los ciudadanos, garantizar el orden público y preservar el funcionamiento normal de nuestras ciudades.
¿Y cómo respaldarlos? Haciendo escuchar nuestra voz. Defendiendo en nuestras redes sociales a quienes hagan respetar la ley. Rechazando públicamente los bloqueos, el vandalismo y la intimidación. Y, si las circunstancias lo exigen, ocupando también el espacio público de manera pacífica, sin destruir, sin bloquear vías y sin afectar a los demás ciudadanos. La calle no puede quedar en manos de quienes creen que la presión y el caos son herramientas legítimas de acción política.
Nuestros alcaldes deben saber que cuentan con el respaldo de millones de ciudadanos cansados de la anarquía, del desorden y de la ausencia de autoridad. Cuentan con un verdadero poder popular: el de los ciudadanos que trabajan, respetan la ley y creen que las diferencias políticas deben resolverse dentro de las instituciones y no por las vías de hecho.
Porque una democracia no se pone a prueba cuando todos están de acuerdo. Se pone a prueba cuando quienes pierden aceptan las reglas del juego y quienes gobiernan garantizan que nadie pueda imponer su voluntad por la fuerza.
Esa es la verdadera prueba que tiene por delante Colombia.