La regulación del cabildeo tiene el objetivo de asegurar el acceso a la información de forma pública y la transparencia en las actuaciones del Estado. Además, crea el Registro Obligatorio de Actividades de Cabildeo (ROC).  Dicho registro deberá ser realizado de forma electrónica y será de libre acceso a la ciudadanía. La información podrá ser consultada en línea, a través de un único sitio web y de forma gratuita, administrado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia colombiana.  Además, el Gobierno realizará los ajustes presupuestales necesarios, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, para garantizar los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento del Registro.  Lea también: Autoridades califican como exitoso el inicio del plan piloto de vuelos Dentro del ROC deberán estar incluidos datos de cabilderos como la identidad; el objeto de las actividades y los resultados esperados; los beneficiarios finales; la institución destinataria y/o el cargo público con poder de decisión. Asimismo, deberá estar consignado el tipo y la frecuencia de estas actividades; toda documentación de referencia intercambiada con los cargos públicos; gastos, incluidos en especie; fuentes de financiación; todo tipo de contribuciones políticas; cargos públicos ocupados anteriormente por la persona y sus familiares, y los fondos públicos recibidos.  La página web del ROC deberá tener un espacio para que cualquier persona pueda comunicar los incumplimientos a la ley, ya sea en forma manifiesta, confidencial o anónima.  Estará prohibido iniciar estas actividades sin haberse inscrito, ejercer dentro del año anterior al ejercicio, además de defender o representar simultáneamente intereses opuestos o contradictorios, aunque se haga ante autoridades o instancias distintas.  Quienes no cumplan con lo establecido estarán sujetos a investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que haga sus veces, y quedarán inhabilitados por el término de dos años para ejercer estas actividades.  Le puede interesar: Colombia fue nominada a los "Óscar de turismo" en 14 categorías Y quienes ejerzan cargos públicos y que permitan o avalen las conductas establecidas en las prohibiciones deberán ser sujetos de investigación por la Procuraduría General de la Nación.  Entre las razones para adelantar el proyecto se destacan los análisis que se han realizado frente a la reducción del riesgo por corrupción en los Estados, entre ellos, el Plan de Acción: “Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe”, formulado en 2018 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). En este presenta una serie de acciones para avanzar en un esfuerzo coordinado para mejorar la confianza en las instituciones públicas en toda la región, aumentar la rendición de cuentas hacia los ciudadanos, y establecer una cultura de integridad entre los sectores público, privado y la sociedad en general.