El Gobierno de Abelardo De La Espriella retiró la candidatura de la jurista Carolina Olarte-Bácares a una de las seis plazas que serán renovadas en la Corte Penal Internacional (CPI) en diciembre de 2026, una decisión que modifica la participación de Colombia en el proceso de selección del tribunal con sede en La Haya.
Olarte-Bácares había sido postulada en marzo de este año por el gobierno de Gustavo Petro. La candidatura avanzó durante varios meses y, según documentos del proceso, el comité de evaluación ubicó a la colombiana entre los aspirantes con las calificaciones más altas. Además, era la única candidata de América Latina y el Caribe en la contienda.
La propia Olarte-Bácares aseguró que no conocía las razones de su retiro y que se enteró a través de un representante de uno de los Estados parte del Estatuto de Roma. La exembajadora se encontraba en La Haya cuando recibió la noticia.
Su hoja de vida incluye más de dos décadas de experiencia en derecho internacional, derechos humanos y asuntos diplomáticos. Fue decana de Derecho de la Universidad Javeriana y participó como agente del Estado colombiano ante la Corte Internacional de Justicia durante el litigio marítimo con Nicaragua.
La decisión ocurre mientras la relación entre el nuevo Gobierno y la CPI atraviesa tensiones. En las últimas semanas han circulado versiones sobre un eventual retiro de Colombia del Estatuto de Roma, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme esa medida.
La CPI deberá elegir entre el 7 y el 17 de diciembre a seis nuevos magistrados para el periodo 2027-2036. Con el retiro de Olarte-Bácares, Colombia queda por fuera de esa elección y pierde la posibilidad de buscar, por primera vez, una magistratura en ese tribunal internacional.