Un grupo de 25 consultores de obras públicas envió una comunicación al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, en la que llaman la atención sobre los procesos sancionatorios que adelanta esa entidad contra empresas “en su mayoría, arbitrarias y, en no pocos casos, ajenas al derecho”.
En la carta se refieren a que es insostenible ejecutar consultorías con el IDU, en procesos que se destacan por falencias en la planeación, estructuración y estimación de tiempos y fases.
Esta carta enviada al funcionario se da en una semana en el que la alcaldesa Claudia López sancionó el nuevo estatuto de valorización en Bogotá y le pidió disculpas a los ciudadanos afectados por la demora en las obras que se han venido ejecutando en la ciudad.
“El Distrito tiene un Estatuto de Valorización muy viejo y con reglas ambiguas, le propusimos al Concejo cambiar ese Estatuto de 1987, y le hicimos cinco modificaciones para evitar que las demoras en las obras le vuelvan a suceder a cualquier alcalde”, indicó López.
La mandataria distrital agregó que -a futuro- “solo se podrán contratar obras que cuenten con estudios y diseños definitivos. Increíblemente, el Estatuto de Valorización permitía que se hicieran cálculos de servilleta, al ojo, entonces la gente paga y las obras terminan dos años más tarde”.
En ese sentido, para los consultores, la alcaldesa aceptó la deficiencia de los estudios y diseños que entregaban a los ejecutores de obra para lo correspondiente, causando así reprocesos gigantes en cada obra.
Los firmantes de la carta al IDU señalan que, con sus declaraciones, la alcaldesa les da la razón sobre los factores de fondo que sustentan el riesgo de las obras y las afectaciones a los ciudadanos. Específicamente, se refieren a los terceros que intervienen en la ejecución de los contratos, los cuales son necesarios para la continuidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno, resaltando que sin sus pronunciamientos se vuelve imposible el cierre de los mismos, y su consecuente liquidación.
Así mismo, de acuerdo con los firmantes, “no es entendible que por presuntos incumplimientos de los consultores se inicien procesos sancionatorios, y que -al mismo tiempo- con base en los productos entregados, la entidad inicie la contratación para la ejecución de las obras sobre los que ellos tratan”.
Indican además que “es doble moral” porque para mostrar ejecución se exhiben los procesos de obras en marcha, pero al mismo tiempo se sanciona a los generadores de tales productos; y en muchos casos también a los ejecutores de las obras que como consecuencia de las falencias en diseños no pueden avanzar por circunstancias no atribuibles a los mismos.
Falta acompañamiento
Según López, otro cambio relevante al Estatuto consiste en que el cobro de valorización se haga, al menos, cuando la obra vaya en el 50 % de ejecución, no antes, y así mismo resaltó que de ahora en adelante se deberá contar con los avales y aprobaciones de las empresas de servicios públicos.
Al respecto, los consultores destacan “las dificultades en coordinación interinstitucional, y su falta de gestión conforme a la matriz de riesgo, lo que, sin lugar a dudas, genera una especial apreciación”, pudiendo vislumbrar ello en la falta de gestión por parte de la entidad contratante para con las demás entidades del sector público, repercutiendo directamente así en la correcta ejecución de las obras.
Justamente, en la carta de los consultores se advierte que la actual situación está afectando las oportunidades de negocio de los consultores y contratistas actuando como proponentes en la contratación pública y/o privada, y que las decisiones sancionatorias institucionales desbordan cualquier riesgo empresarial que pueda asumirse en la ejecución contratos con esa entidad.
En la carta al IDU, los firmantes sostienen que los esfuerzos de los consultores resultan insuficientes para que las empresas, y en particular la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Movilidad de Bogotá, emitan sus aprobaciones o avales, haciendo imposible obtenerlos dentro de los plazos de los contratos. Insisten en que permanentemente ha faltado acompañamiento del IDU en estas gestiones, pues se menciona como: “Las demoras y las dificultades en la obtención de los permisos se encuentran plasmadas como un riesgo previsible, no obstante, el IDU olvida que la asunción de dicho riesgo no está en cabeza exclusiva del consultor, sino que es compartido”.
Los empresarios indican que la conclusión a la que se ha llegado, con profunda preocupación, es que pareciera existir una línea de acción encaminada a que dichos procesos culminen con sanciones en firme, sin importar la realidad del contrato.