El caso que involucra a Laura Sarabia, exjefa de gabinete, señalada de usar el poder del Estado contra la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, y su empleada de servicio toma ribetes cada vez más escandalosos. Lo que arrancó como la presión a una mujer para someterla a una prueba de polígrafo en un recinto gubernamental pasó ahora a involucrar también interceptaciones ilegales.
El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en rueda de prensa dada este jueves, reveló detalles escalofriantes de cómo se empleó el poder para investigar de manera irregular a una mujer humilde. A Marelbys Meza la hicieron pasar en un informe de inteligencia como miembro del Clan del Golfo, más específicamente al servicio de alias Siopas, un temido líder criminal, para interceptar su teléfono de manera ilegal.
Ante el escándalo, Petro no tuvo más opción que sacar del cargo a Sarabia, su mano derecha en estos diez meses de gobierno, y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien en los últimos días se vio involucrado en la controversia.
“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada (Sarabia) y el embajador de Venezuela (Benedetti) se retiran del Gobierno para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación”, dijo el presidente al confirmar la salida de ambos funcionarios.
No obstante, a pesar de la decisión tomada por el mandatario, en los sectores de oposición no quedaron conformes y pidieron explicaciones sobre hasta dónde habrían llegado las chuzadas que envuelven al actual Gobierno.
“Nos informan que la única chuzada no es la niñera. Al parecer, estaban chuzados periodistas y líderes de la oposición al Gobierno. Vuelvo y pregunto: ¿Petro nos tienen chuzados?”, apuntó el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, uno de los principales opositores de Petro.
En el mismo sentido se pronunció el representante de la oposición Hernán Cadavid, quien dejó claro que las decisiones no deben parar aquí, sino que se debe avanzar aún más en las investigaciones para aclarar los hechos.
“A Petro lo sepulta la evidencia y tiene que tomar la decisión de sacar del poder tanto a Armando Benedetti como a Laura Sarabia. Es lo que tenía que suceder. Necesitamos las respuestas judiciales y políticas a este hecho”, manifestó Cadavid.
Desde este sector del espectro político se pronunció también el senador David Luna, de Cambio Radical, quien no solo reprochó lo sucedido, sino que envió un derecho de petición a la Dirección Nacional de Inteligencia en el que preguntó si, mediante la unidad de operaciones, existe la posibilidad de que se adelanten procesos de índole ilegal.
De hecho, el senador cuestionó si esta misma Dirección se encuentra adelantando actividades de control y verificación de mensajes vía WhatsApp a través de una agencia en Brasil.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, una de las voces más fuertes de la oposición, afirmó que tiene que haber “algo muy oscuro”. “Mi impresión es que tiene que haber algo muy oscuro en la plata que le robaron a la jefe de gabinete, Laura, para que utilicen tantos mecanismos por fuera de la ley para encontrar al culpable”, apuntó Valencia.
La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, fue categórica al señalar de irresponsable a Petro. “Tremenda irresponsabilidad asumir un gobierno sin tener la capacidad de manejarlo”, expresó la congresista del Centro Democrático.
Defensa del presidente
Las reacciones también llegaron de los sectores afines al Gobierno nacional respaldando al presidente Gustavo Petro, pero no fueron tan enfáticos a la hora de meter las manos al fuego por Sarabia o por Benedetti.
“El presidente Petro confirma la salida de Laura y Benedetti para no interferir en las investigaciones. Difícil decisión, pero pone fin a la crisis y despeja cualquier manto de duda sobre su accionar democrático al frente de esta nación”, indicó el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles del jefe de Estado.
En el mismo sentido se pronunció el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien aseguró que la salida de los dos funcionarios contribuirá a que avancen las investigaciones. “Esta decisión permitirá que las investigaciones, las cuales hemos insistido desde esta curul, se den de manera transparente. Altura de estadista la de Gustavo Petro en su pronunciamiento el día de hoy. Ante eso reafirmamos el clamor popular”, manifestó Ocampo.
Otra de las que salió en defensa de Petro fue la senadora Piedad Córdoba, quien, no obstante, reconoció que hubo un “abuso de autoridad”. “Desde mi punto de vista, lo que ha pasado aquí es un claro abuso de autoridad. Se nota que es un caso aislado. En ese punto confío plenamente en el presidente Gustavo Petro”, aseguró Córdoba.
La congresista del petrismo fue enfática en afirmar que “es un crimen que de manera ilegal a alguien le intercepten su vida y se la escudriñen. Es una violación a algo tan básico y elemental como el derecho a la intimidad y a la privacidad”.
Las reacciones también llegaron de la Alianza Verde, una colectividad de gobierno, pero en la que hay un sector que ha guardado distancia crítica frente a la gestión del presidente Petro. “Ante la información confirmada de chuzadas ilegales, el asunto toma otras dimensiones. No podemos regresar a tan terribles épocas. No en este gobierno”, puntualizó la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde.
El escándalo ocasionado ha sido de tal magnitud que, incluso, llevó a un pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez, quien hasta el momento había guardado silencio ante los demás desatinos generados en su gobierno.
“Rechazo las interceptaciones ilegales, hemos luchado toda la vida por la garantía de los derechos humanos, esa lucha le costó la vida a muchos de los nuestros. Que se investiguen estos hechos y se esclarezca lo ocurrido”, manifestó la vicepresidenta.
No obstante, Márquez fue clara al salir en defensa del presidente Petro: “Llegamos aquí con la esperanza de un cambio y seguiremos trabajando de manera incansable por ello. Tenemos un programa y un plan de desarrollo que con amor, alegría y esperanza la gente ayudó a construir desde los territorios. Acompañamos al presidente Gustavo Petro en el propósito de cambio en favor de la justicia social y la paz”.
Está por verse hasta dónde este suceso puede provocar otras repercusiones, más allá de las investigaciones de tipo judicial que ya están en curso. No se puede olvidar que dentro de poco menos de cuatro meses serán las elecciones regionales, comicios en los que el Pacto Histórico aspira a conquistar el poder local.
Igualmente, no se sabe hasta dónde el Congreso le pueda caminar a un Gobierno tan golpeado por los escándalos y con poco margen de negociación política.