El Decreto 2113 del primero de noviembre de 2022, a través del cual el Gobierno Nacional declaró la situación de desastre natural por un año, fue demandado ante el Consejo de Estado. Con esta medida, el ejecutivo puede, a través del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, destinar recursos para ayudar a los productores agropecuarios a acceder a los insumos necesarios para su oficio.
Así mismo, este decreto blinda el Programa de Alimentación Escolar (PAE), bajo el panorama de desastre natural, pues las entidades encargadas de su contratación pueden ampliar la cobertura de esta programa; al mismo tiempo, contempla la posibilidad de rehabilitar las zonas afectadas bajó una mirada de adaptación al cambio climático, aspectos que generaron alguna sospechas en la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.
Según la legisladora, quien presentó la demanda, este decreto fue emitido por el Gobierno para ayudar a “implementar su política social”, y argumenta que, en relación con lo que tiene que ver con el PAE, debe obedecer a un plan de gobierno y no a un eventual desastre natural que pueda afectar a la población.
“Claramente, estos programas sociales se desarrollan en un contexto ajeno a las condiciones ambientales extraordinarias que motivaron la declaratoria de la emergencia, a tal punto que la ampliación de su cobertura requiere una discusión presupuestal y operativa independiente que se debe desarrollar en el contexto institucional respectivo, tal como lo es el Congreso de la República”, dice la demanda recogida por El Tiempo.
“En especial, porque estos programas sociales no se originan como respuesta al desastre, tienen un desarrollo normativo y presupuestal previo a la emergencia y la ampliación de su cobertura en nada contribuye a la rehabilitación y reconstrucción de las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad que se vieron afectadas por las inundaciones”, agrega lo denunciado por Valencia.
Para la legisladora del Centro Democrático, de esta manera los recursos que deberían ir para la atención de desastres, estarían llegando, gracias a este decreto, a objetos totalmente diferentes y los cuales se podrían asignar “de manera ordinaria en desarrollo de la discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso”.
Valencia va más allá y asegura en la demanda recogida por El Tiempo, que esta práctica resultaría bastante riesgosa para las arcas del Estado, pues a través de la atención de desastres se podrían destinar recursos para impulsar “cualquier política económica o social que implemente el Gobierno (…) con lo cual el marco normativo excepcional de gestión del riesgo terminaría sustituyendo el régimen institucional ordinario”.
Valencia pretende que se suspendan, de manera provisional, algunos de los artículos, por lo que el Consejo de Estado solicitó notificar al presidente Gustavo Petro y a los ministerios de Hacienda y de Vivienda, y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pronunciarse sobre este hecho.
“A escondidas de los senadores se aprobó la expropiación para la reforma rural”
Paloma Valencia también ha criticado el Plan Nacional de Desarrollo, sobre el cual señaló que, a escondidas de los congresistas, fue aprobada este jueves (4 de mayo) la expropiación para la reforma rural.
“A escondidas de los senadores, sin dar lectura a las proposiciones, se aprobó la expropiación para la reforma rural, incluyendo eliminación de artículos de la Ley 902 de 2017 que el Senado había negado”, manifestó Valencia en Twitter.
Según Valencia, la propuesta fue aprobada dentro de una proposición que no fue leída en su totalidad por el presidente del Senado, Roy Barreras.
“Aquí la prueba de que el Senador Roy Barreras no leyó la proposición completa. Solo comentó que se modificaba el numeral 2, cuando se modificaba el 2, 3, un parágrafo, se añadían dos numerales más y dos parágrafos más”, señaló en un mensaje en la misma red social junto a un video de Barreras durante el debate.
Finalmente, Valencia señaló que, en caso de que este artículo sea aprobado dentro de la conciliación de los textos respaldados por el Senado y la Cámara, demandará el Plan Nacional de Desarrollo.
“En caso de que los conciliadores decidan aprobarlo esta madrugada, demandaremos el Plan Nacional por vicios de procedimiento. Ley 5 de 1992 obliga a dar lectura de proposiciones para empezar discusión”, expresó.