SEMANA: El Gobierno nacional logró destrabar su agenda al final de esta legislatura. ¿Qué hicieron para que avancen reformas como la de la salud y educación?
D.S.: Son victorias a medias porque ninguna reforma ha surtido todo el trámite legislativo. De todas formas, el Congreso tiene hoy una posición privilegiada frente al Gobierno. Le ha demostrado que la coalición de gobierno es débil y que necesita del conjunto de las bancadas y de los partidos, sobre todo tradicionales, que tienen una falsa postura. Los necesita para poder avanzar en los debates, así sea que no voten, sino para que les hagan el cuórum. Eso de cierta manera le genera una presión o un chantaje al Gobierno, porque tienen capacidad de bloqueo o de plan tortuga frente a las reformas. Si bien sobre el final del semestre legislativo se vio un avance, todavía falta que las reformas surtan todo el trámite en el Congreso. Sobre todo faltan, por ejemplo, en el caso de la reforma a la salud, los debates más difíciles, que son los dos finales en el Senado.
SEMANA: Algunos proyectos corren peligro por tiempos. Por ejemplo, reforma a la salud, pensional y a la educación deben surtir los debates que les quedan en el próximo semestre. ¿Se pueden hundir?
D.S.: Yo creo que la reforma a la educación va a salir adelante. Creo que esa reforma se va a aprobar. Sería muy difícil que los congresistas rechacen una propuesta para volver la educación un derecho fundamental, para que el Gobierno pueda disponer de recursos y trazar planes, programas y políticas para mejorar la calidad de la educación, que es un grave problema de este país, como lo demuestran las pruebas Pisa. Yo creo que va a pasar. La dificultad estaba en el artículo 39, donde el presidente pedía facultades por seis meses para tratar de sacar decretos con fuerza de ley. Cuando el presidente quiere facultades es cuando encuentra las dificultades y se cayó.
Sobre la pensional, realmente siento que es una reforma que podría salir, pero que se ve lenta, que no avanza y que tiene una propuesta de ponencia alternativa. Si el Gobierno no concerta, pues ahí es cuando cogen fuerza este tipo de ponencias, que pueden tener similitudes con la reforma, pero también tienen diferencias y concertaciones con gremios, por ejemplo.
La reforma laboral va a ir a paso lento en la Comisión Séptima. Va a encontrar dificultades, sobre todo en lo que busca el Gobierno, que es darle más concesiones a los sindicatos y a las centrales obreras. Yo creo que es donde va a tener más dificultades. Frente a la reforma a la salud, el Senado ha mantenido silencio esperando el debate. Sin lugar a dudas, el desgaste es altísimo en términos generales. Yo creo que en las reformas, en cada uno de los puntos donde el Gobierno le pone más el sello ideológico es donde hay más dificultades. Las reformas, en la mayoría de los casos, no gozan de apoyo por convicción. Gozan de apoyo por cálculo político o por reciprocidad burocrática del gobierno. Los tiempos se agotan. Es decir, al Gobierno se le acaba el oxígeno en el Congreso para sacar muchas de sus principales reformas.
SEMANA: ¿Cómo está la campaña por la Presidencia de la Cámara para el año entrante?
D.S.: Dentro de los acuerdos está que la Presidencia de la Cámara en el tercer año es del Partido Verde y eso se va a respetar. Yo lo que entiendo es que los 15 representantes de la bancada tienen interés en ser presidentes y liderar la plenaria. ¿Ahí qué va a jugar? Quienes generen más garantías al pleno de las bancadas, quien logre darle el espacio suficiente a las discusiones legislativas. Creo que es un reclamo de todas las partes. A veces las discusiones se dan en bloques sin suficiente argumentación. A veces pasando por encima de la Ley Quinta, un poco atropelladas. Es un reclamo generalizado. Los 15 compañeros de la bancada tienen la posibilidad de ser presidentes. Yo esperaría que nos pongamos de acuerdo primero como bancada en postular una sola candidatura y que esa sea la que se le ofrezca a toda la Cámara de Representantes.
SEMANA: Ese cargo, según lo acordado al principio del Gobierno Petro, es de Katherine Miranda. ¿Se va a respetar esa decisión?
D.S.: Yo no sé porque yo no hacía parte de los compromisarios. Las mesas directivas dentro de los acuerdos pertenecen a las bancadas, a los partidos. No se negocia en nombre de personas. De esos acuerdos, las bancadas discuten quién puede ser el nombre. Hay una realidad y es que las mesas directivas no se le entregan a personas que ejercen oposición al Gobierno. O sea, la idea es que puedan generar garantías para que se den los trámites, pero quienes ejerzan desde la oposición tienen otro tipo de derechos. Por eso no hacen parte de las mayorías que acuerdan. Creo que esa es una dificultad práctica en términos de la aspiración o la ambición que tiene mi compañera Katherine Miranda.
Ella es una persona que cuestiona y contradice al Gobierno, incluso más allá de la independencia. Creo que eso tiene una ganancia ante la ciudadanía y una ganancia mediática. También tiene un costo en términos de coherencia, frente a apoyar algunas de las reformas, apoyar en algunos asuntos al Gobierno y a la postura que tiene el partido, que es todavía de coalición.
SEMANA: El canciller Álvaro Leyva está envuelto en polémica por supuestos maltratos y una licitación de pasaportes que tiene al país ad portas de un pleito jurídico multimillonario. ¿Debería haber un relevo en la Cancillería?
D.S.: La democracia colombiana y el gobierno de Gustavo Petro no están ya para personas como Álvaro Leyva. Es decir, es una persona que le hace daño a las nuevas formas en la política, que irrespeta al Congreso y que irrespeta a las mujeres. Eso creo que representa toda la vieja política. Las formas de la vieja política. Creo que su Cancillería es problemática, es cuestionada y que hay retrocesos en la en la diplomacia colombiana con el canciller al frente.
SEMANA: El presidente Petro comienza a hablar de condiciones para pactar ceses al fuego con grupos armados. ¿Qué opina?
D.S.: Es lo mínimo. Exigirle a los grupos guerrilleros e ilegales que si van a negociar tiene que haber un respeto a lo que se ha negociado. No se puede irrespetar los derechos humanos, no se puede secuestrar, no se puede continuar con el negocio del narcotráfico y no se puede atacar a la población civil. Unas exigencias mínimas para poder negociar, y más cuando han habido ceses bilaterales que parecen más unilaterales. El tema de seguridad es un tema que le está haciendo daño al Gobierno, pero sobre todo le está haciendo daño al país. En el debate de control político que nosotros le hicimos en la Comisión de Derechos Humanos a Danilo Rueda lo dije. Mientras se negocia y hay respeto a los ceses al fuego, pareciera que el Estado está de rodillas y no se puede.