Lo sucedido hace 15 días en el centro penitenciario de Tuluá, Valle del Cauca, donde murieron 51 presos tras un incendio que se presentó al interior del penal, puso de manifiesto el hacinamiento carcelario en el país y las difíciles condiciones en las que viven miles de detenidos.
De acuerdo con cifras del Inpec, el sobrecupo en las cárceles es del 20,2 % y en las estaciones de policía y URI llega al 174 %.
Pero también quedó en evidencia la dura fractura que hay entre el Ministerio de Justicia y los alcaldes del país frente a este tema. Los mandatarios locales le endilgan al Gobierno la responsabilidad por el hacinamiento carcelario que se vive en el país, mientras que la cartera de justicia le ‘bota la pelota’ a los gobernadores y alcaldes.
Este jueves, en entrevista con El Tiempo, el ministro de Justicia, Wison Ruiz, dijo que buena parte del hacinamiento se debe a que “alcaldes y gobernadores no cumplen con los cupos carcelarios”.
Esta declaración, como era de esperarse, no cayó bien en los mandatarios locales, quienes respondieron a través de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales).
“La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reitera que los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales colombianas sí hemos venido trabajando en la búsqueda de una solución concreta frente al hacinamiento carcelario durante la administración de la actual cartera de Justicia”, indica un comunicado de Asocapitales.
El pronunciamiento de los alcaldes agrega que a través de la Ley de Seguridad Ciudadana - sancionada en enero - se instó al Ministerio de Justicia, en coordinación con los gremios de las entidades territoriales, a radicar una iniciativa para solucionar la problemática de hacinamiento que debió presentarse al Congreso de la República el pasado 28 de mayo sin que esto hubiera ocurrido.
“A la fecha la cartera de Justicia no se ha pronunciado frente a este tema en concreto”, indica la declaración de los alcaldes.
El texto agrega que las acciones y decisiones tomadas por el ministerio de Justicia “terminaron trasladando esta crisis a las estaciones de Policía y URI del país donde hoy se hace evidente una preocupante sobrepoblación”.
“El pasado 28 de junio, hicimos nuevamente un llamado al Ministerio de Justicia para avanzar en un texto conjunto. A la fecha, no hemos obtenido respuesta a esta crisis que debemos enfrentar entre todos de manera coordinada”, concluye el comunicado.
Mientras el Ministerio de Justicia tira la pelota a los alcaldes y los alcaldes se la devuelven al Ministerio de Justicia, la realidad es que las cárceles se encuentran cada vez más hacinadas sin que se vea una pronta solución a la vista.
Lo sucedido en Tuluá
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, reveló que la hipótesis que se maneja frente a lo ocurrido en la cárcel de Tuluá es que la conflagración se originó luego de una riña entre dos presos. “Uno de los involucrados en la riña prendió fuego a una colchoneta y esto generó el incendió que dejó el trágico saldo”.
“Fue una discusión de internos que termina generando la conflagración. El personal de guardia trató de controlar las llamas y luego tuvo que intervenir el Cuerpo de Bomberos del municipio”, señaló el ministro.
El alto funcionario explicó que este centro es de los que menores índices de hacinamiento registran en todo el país con una cifra de 17,2 %.