En la grave tensión que existe entre Colombia y Estados Unidos hay un hecho especialmente delicado: el supuesto rompimiento de los canales de ayuda en materia de inteligencia. Se trata de un asunto crucial para la lucha contra las drogas y las organizaciones criminales.
El ministro Armando Benedetti dio otra versión: “Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto gobierno. El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas —FBI, DEA, HSI— van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia Dipol, Dijín, CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.
Sin embargo, el anuncio había sido dado por el mismo presidente: “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la Fuerza Pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, había escrito Petro en X.
El primer mandatario publicó un trino en la noche del miércoles en el que daba detalles de su decisión de limitar la comunicación con esas agencias.
“Las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles; es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático. Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que tenemos como civilización humana contra la barbarie que amenaza tomarse la humanidad entera”, aseguró.
Y luego, agregó: “Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generará capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menoscabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas”.
Para el primer mandatario, “nadie puede poner en duda ni un centímetro la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluyen las normas de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas. Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes, pero eso significa que seamos aliados de los narcos. Son nuestro enemigo, y ellos me devuelven mis investigaciones y golpes, que son los más duros que gobierno colombiano alguno ha propiciado contra las mafias, amenazando a mis hijas y nietas de muerte en Marsella y en Bogotá” (sic).
En sus palabras, no era claro ni el rompimiento total, ni una colaboración limitada con estas agencias. “Mi palabra tiene valor y poder. La mafias en Latinoamérica son de las principales estructuras de destrucción del proyecto democrático y son corresponsables del genocidio del pueblo colombiano, latinoamericano y del Caribe. Si las mafias de Colombia trafican con insumos del fentanilo, se destruyen con mayor razón, porque el fentanilo es 30 veces más peligroso que la cocaína y es la ciencia la que debe guiar la lucha contra el narcotráfico. Con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias y así [seguirá] siendo, que nadie lo dude”, aseguró.
Las implicaciones de un deterioro en la inteligencia militar son enormes y han sido advertidas por múltiples voces expertas. SEMANA publicó hace unos días el grave informe de los generales de la reserva activa sobre el asunto.
“La reciente inclusión del presidente de la República, de Armando Benedetti —un ministro polémico y clave en el desarrollo de la financiación de su campaña— y de miembros de su círculo familiar cercano, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos introduce un factor de complejidad adicional y potencialmente disruptivo para la entidad, especialmente en lo referente a la cooperación internacional en materia de inteligencia, lo que supone nuevos elementos de complejidad a lo analizado”, destaca el informe.
El documento hace una serie de advertencias sobre lo que podría pasar: “La suspensión de facto o una limitación drástica de los acuerdos de cooperación, intercambio de información sensible y asistencia técnica entre las agencias de inteligencia de EE. UU. (CIA, FBI, DEA, entre otras) y la DNI, especialmente si se percibe que la información compartida podría beneficiar directa o indirectamente a los sancionados, en particular al presidente Petro”.