A través de un documento, Agroindustria Renacer SAS, empresa encargada de gestionar los semovientes incautados a los narcos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hace público que solicitó la suspensión temporal del contrato por presuntas irregularidades que han impedido su ejecución.
Se trata de un contrato suscrito en diciembre de 2024 por 4.816 millones de pesos, con vigencia hasta enero de 2027.
De acuerdo con el documento, afirma que radicó una “solicitud urgente de suspensión temporal ante afectaciones graves en la ejecución contractual relacionadas con invasiones, seguridad en predios, falta de respuesta institucional, ausencia de inventario real, falta de trazabilidad integral de semovientes, demoras en pagos, falta de aprobación de soportes y ausencia de definición sobre planes sanitarios y nutricionales”.
Además, en los documentos, piden investigar a Mery Janneth Gutiérrez, quien estuvo cerca de ser ministra de las TIC en el gobierno de Gustavo Petro, por “posible intervención o incidencia” en las decisiones relacionadas con “la operación, custodia, manejo, trazabilidad, inventario, incautaciones, entregas, traslados o administración de semovientes vinculados a la SAE”.
“Especialmente cuando dichos bienes habrían sido puestos en manos de personas no plenamente identificadas dentro del expediente contractual, sin claridad suficiente sobre su paradero, estado, responsables, inventario real y trazabilidad documental”, agregó.
De esta forma, la compañía considera que estos hechos deben ser verificados por las autoridades competentes, dado que “podrían comprometer la correcta administración de bienes bajo custodia estatal”.
Por esa razón, informaron que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, para que determinen “si existieron omisiones, obstrucciones, intervenciones no formalizadas, manejos irregulares, pérdida de trazabilidad, afectación al patrimonio público o posibles actos de corrupción, si llegaren a comprobarse”.
SEMANA conoció que las quejas de la empresa se conocen desde marzo de 2025, en las que denunciaron “entrega de predios en estados deplorables”, “irregularidades en la extensión de predios” y “amenazas y saboteos”, entre otras cosas. En su momento, según cuentan en un correo dirigido a Amelia Pérez, directora de la SAE, hubo 21 informes presentados sin respuesta de la entidad.
El 21 de abril, el 26 de junio y el 7 de julio de 2025 denunciaron ante la Fiscalía invasión de tres predios en los que operaban, que incluye ocupación, siembra no autorizada, cambuches y hasta intimidaciones.
Finalmente, en julio de 2025 presentaron un documento en el que declaran formalmente incumplimiento contractual por parte de la SAE. En el documento reportan no solo falta de inventario, sino “condiciones estructurales” que no son garantizadas por la entidad.
Y en agosto de 2025, la empresa denunció el hurto de ganado en la finca Buenos Aires, ubicada en el municipio de Acacías (Meta), tras haber reportado, junto a una empresa de seguridad, la falta de garantías y las fallas en la recuperación de los predios.
Luego, pidieron ese mismo mes, por los inconvenientes, que se les reconociera el equilibrio económico por fuerza mayor, incluso argumentando que fueron amenazados por posibles grupos armados.
Incluso, en septiembre de 2025, un representante legal de la empresa denunció a la SAE ante la Fiscalía por presunto peculado por apropiación, cohecho propio, prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, concierto para delinquir y delitos contra la vida e integridad de los animales.
De acuerdo con el documento, “La SAE mantuvo de manera paralela y extracontractual una administración de semovientes, ajena al contratista, sin trazabilidad ni soporte documental verificable”.
Los hechos son objeto de investigación de las autoridades y, por el momento, el contrato sigue activo en la SAE, donde cientos de semovientes se encontrarían en malas condiciones, sin la debida alimentación y cuidado médico.