Un chat entre Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Gustavo Petro muestra cómo el expresidente sí ordenó vincular a Deicy Jiménez, quien lo denunció por un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales, al Ministerio del Interior.

“Esta persona necesito que la mantengan allí en el contrato con MinInterior”, le dijo Petro a Rodríguez en el chat, enviado el 12 de diciembre de 2025.

Luego de esa orden, efectivamente, se renovó el vínculo de Jiménez con el Ministerio del Interior, tras firmarse un nuevo contrato el 21 de enero de 2025, por $30.457.095, con una asignación mensual cercana a los $2.600.000.

El contrato tiene como propósito “prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para el seguimiento de los proyectos financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)”.

El contrato, según los documentos del proceso, se terminó anticipadamente, de forma unilateral, desde el 31 de octubre de 2026.

La vinculación de Jiménez con esa cartera venía del año anterior. El contrato 1826 de 2025, por $11.151.338, se firmó desde el 29 de agosto y terminaba el 31 de diciembre de ese año. Por tanto, el mensaje de Petro fue enviado 19 días antes del vencimiento.

En esa contratación, Jiménez también debía apoyar a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en la consolidación de informes. Las tareas estaban relacionadas con proyectos y contratos en ejecución y liquidación, financiados o cofinanciados con recursos de Fonsecon.

Los valores de los dos contratos con el Ministerio del Interior sumaron $41.608.433. El de 2026 quedó identificado con el número 947 y también se tramitó mediante contratación directa. Jiménez lo aprobó el 22 de enero y Nancy Stella Patiño León, por parte del Ministerio, al día siguiente.

En el apartado de ejecución, SECOP registra tres cuentas con estado pagado, que suman $5.385.167. Otras dos, por $2.648.443 cada una, aparecen como aceptadas. El expediente incluye cuentas de cobro e informes de actividades presentados por la contratista, así como documentos de designación de la supervisión y de verificación de la póliza.

La ejecución de ese último contrato comenzó, según el registro de SECOP, el 30 de enero de 2026 y debía extenderse hasta el 31 de diciembre. Para terminarlo antes de esa fecha, la entidad invocó el numeral 5 de la cláusula trigésima segunda y disposiciones del Código Civil. La modificación quedó aprobada en la plataforma el 4 de noviembre de 2026.