La Gobernación de Antioquia lideró un consejo de seguridad en Medellín con las alcaldías del Valle de Aburrá, luego de conocerse una resolución de la Fiscalía que suspendió las órdenes de captura de 23 cabecillas de estructuras criminales del departamento que hacen parte de los diálogos de paz del Gobierno Petro.
Al término de la reunión, se reprochó fuertemente la decisión del ente de investigación por el riesgo que generaría para el orden público de la región. La interpretación de la administración departamental es que la acción sería ilegal y representaría un grave problema de seguridad para los antioqueños.
“Esta decisión es como si quisiera volver al conglomerado urbano más importante de Antioquia, el Valle de Aburrá junto con Rionegro, en otro Caguán. No de otra manera se explica que la fiscal general y Petro ordenen la libertad de 23 delincuentes que, durante años, tejieron la red criminal más potente”, dijo el mandatario.
Para él, sería abiertamente ilegítima esta determinación porque, a pocos meses de las elecciones, pretendería ejecutar una política pública que habría fracasado con personas que ya están sometidas a la justicia y condenadas. Sobre esta teoría se radicará una acción de nulidad ante el Consejo de Estado para suspender la resolución.
“Le pido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que reverse la medida, que no abandone a las víctimas, que no pase a la historia como la persona que dejó libres a personas que fueron responsables de extorsión, tortura, homicidio y otros delitos que tanto dolor le han dejado a los antioqueños”, comentó el gobernador.
Varios mandatarios del Valle de Aburrá también levantaron su voz de rechazo. El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, manifestó que la medida sería frustrante: “Va en contravía de todas las medidas de seguridad que tomamos en todos los municipios. Aquí no solo se pone en riesgo la vida de los policías, jueces, fiscales, sino también la de cooperantes, víctimas y testigos”.
La Fiscalía aclaró que la decisión “no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía”.