El Ministerio de Ambiente, en cabeza del ministro Fabio Arjona, emitió concepto desfavorable frente al Proyecto de Ley 224 de 2025 Senado, conocido como ‘Ley Despedida Ecológica’, que busca incorporar la hidrólisis alcalina como alternativa funeraria para la disposición final de cadáveres.
La postura quedó consignada en la Gaceta del Congreso 1733, publicada el 5 de noviembre, y representa un giro frente a la posición que mantuvo esa cartera durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La principal objeción de MinAmbiente es que el articulado crea obligaciones que ya estarían contempladas en la normativa vigente. Según el concepto, las reglas sobre vertimientos, uso del agua y control de olores ya tienen instrumentos específicos, entre ellos el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 631 de 2015. Por eso, considera innecesario imponer nuevas cargas al Ministerio para definir condiciones que ya están reguladas.
La cartera también cuestiona la figura de una “licencia individual” para cada cadáver. A su juicio, esa denominación no corresponde a una licencia ambiental y puede generar confusión sobre los permisos y las responsabilidades de vigilancia.
Otro reparo apunta a las funciones que el proyecto asigna a las corporaciones autónomas regionales y autoridades ambientales urbanas. El Ministerio advierte que el texto no establece si esas entidades tienen capacidad técnica, administrativa, operativa y financiera para asumir nuevas tareas.
Tampoco, dice el ministerio, define mecanismos suficientes de coordinación entre las autoridades responsables del agua, los vertimientos y el manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos.
Ambiente señala que no hay un análisis de impacto fiscal que permita establecer cómo se financiarían esas responsabilidades. El resultado, advierte, podría ser la duplicidad de funciones y conflictos de competencia.
El cambio contrasta con los conceptos emitidos durante el Gobierno de Gustavo Petro. En ese entonces, el Ministerio sostuvo que no era competente para pronunciarse sobre la conveniencia de regular los servicios funerarios, aunque formuló observaciones sobre vertimientos y olores.
Ahora, con la llegada de la presidencia de Abelardo De La Espriella, la cartera de Ambiente concluye que el proyecto presenta deficiencias jurídicas, técnicas e institucionales y recomienda no aprobarlo en su redacción actual.
El debate tiene otro antecedente: la Resolución 717 del 21 de abril de 2026, con la que el Ministerio de Salud, también del gobierno Petro, reglamentó la prestación de servicios funerarios que incorporan la hidrólisis alcalina.
El procedimiento somete el cuerpo a agua, una solución alcalina, altas temperaturas y presión para acelerar su descomposición. Sus promotores lo presentan como alternativa a la inhumación y la cremación; sus críticos advierten sobre posibles efectos en la identificación de cadáveres y la conservación de material genético, un asunto sensible en un país que todavía busca a miles de desaparecidos.
El concepto negativo abre un nuevo frente para una iniciativa que ya avanzó en el Congreso y deberá enfrentar los reparos de la autoridad ambiental antes de continuar su trámite.