Desde antes de llegar a la Casa de Nariño (7 de agosto de 2022), Gustavo Petro aseguró que una de sus prioridades de gobierno sería la denominada ‘paz total’ para silenciar los fusiles en todos los rincones de Colombia y avanzar en la implementación del acuerdo de La Habana.
Sin embargo, el camino ha sido espinoso y, contrario a lo que pensaron los delegados del Ejecutivo, cada vez es más difícil negociar con los grupos criminales, los cuales aumentan sus demandas a diario y se sienten legitimados para condicionar los diálogos.
El país sabe lo que ha pasado con ELN, en varias ocasiones han desmentido al jefe de Estado e impusieron un lento ritmo de negociación que, seguramente, terminará en nada porque al presidente Petro le restan menos de tres años y no han abordado ningún punto de la agenda de diálogo.
Sumada a esa postura beligerante de los elenos, ahora los criminales de las disidencias que están bajo órdenes de Iván Mordisco exigen un cese al fuego bilateral antes del domingo 8 de octubre para asistir a la instalación de los diálogos de paz que están previstos en Tibú (Norte de Santander). Esto significa que si en las próximas 48 horas el Gobierno Petro no expide un decreto con esa finalidad, este grupo criminal podría dejar metidos a los delegados del Gobierno.
“Sin decreto de cese al fuego no hay instalación de la mesa, el Gobierno debe cumplir lo acordado”, dijo Iván Mordisco en un claro condicionamiento a la administración Petro.
El asunto de fondo no es la expedición de un decreto que el Ejecutivo podría hacer en pocos minutos, el tema es que no están las condiciones para hacer viable ese cese por la verificación y los mecanismos que se deben contemplar para que la medida sea exitosa y no se trate únicamente de un beneficio para los criminales, ya que las Fuerzas Militares quedarían sin margen de acción frente a esta disidencia que tiene en jaque a varias regiones del país.
Las posiciones sobre ese cese al fuego del Gobierno y del Estado Mayor Central son dispares. Mientras el presidente Petro les pide un desescalamiento de hostilidades como gesto de voluntad, los guerrilleros sostienen que únicamente negocian con un cese bilateral.
Si el Gobierno Petro cede, sería doblegarse a las pretensiones de un grupo criminal que sigue actuando en contra de civiles y militares. En este tire y afloje de las partes, los guerrilleros dicen: “Hacemos responsables al presidente Gustavo Petro; al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al alto comisionado para la paz por el sabotaje a los documentos que surgen de la fase exploratoria y de un posible incumplimiento de cara a la instalación de la mesa que debe ir acompañada del Decreto de Cese al Fuego”.
Causa curiosidad que la petición se dé en medio de las acciones terroristas que han cometido en el Cauca y Valle del Cauca y por las que las Fuerzas Militares han actuado con contundencia para frenar su acción delincuencial.
El comisionado de paz, Danilo Rueda, deberá tomar una decisión, pero es válido recordar que en ocasiones pasadas ha hecho equivocar al presidente Petro con la firma de decretos para los ceses bilaterales.
Además, iniciar una negociación de paz decretando un mecanismo de este tipo no ha dado resultados en las experiencias de Colombia. Por ejemplo, en la negociación en Cuba con las extintas Farc-EP, la decisión se tomó tras el avance en varios puntos de la agenda y con acuerdos pactados, es decir, con un diálogo sólido.
Con las disidencias de Iván Mordisco existen unos acercamientos espurios y no hay certeza de que toda esa organización esté de acuerdo con los diálogos. Eso sí, no querrán nada menos de lo que se les ofreció a los excomandantes que ahora forman parte del Partido Comunes.
En todo caso, los negociadores de paz del Gobierno ya están en Cúcuta y esperan instrucciones para determinar si viajan o no a Tibú para el acto oficial, pero aún no hay certeza de que se hará el evento tal y como se anunció hace algunos días. En las próximas horas se sabrá si Iván Mordisco logró imponerse ante el Gobierno nacional.