La Gobernación de Antioquia ya había alertado, desde el 6 de junio de este año, sobre la delicada situación de orden público en su territorio. En ese entonces, desde el gobierno departamental se había elevado una solicitud urgente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para reforzar con tropas del Ejército Nacional el municipio de Amalfi, el mismo lugar donde ayer fue derribado el helicóptero de la Policía Nacional, que dejó un saldo de 12 uniformados muertos, y donde se han registrado recientes enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales.
En una carta firmada por el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad del departamento, se advertía que la confrontación entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las FARC “ha puesto en jaque la tranquilidad de la región”.
Según el documento, desde el 31 de mayo se registran choques armados en el sector Los Balcones, vereda Los Toros, lo que ha incrementado el temor entre la población civil.
“En este contexto, es fundamental informar que desde la noche del 31 de mayo se vienen enfrentando las estructuras del Clan del Golfo y el Frente 36 de la FARC y desde el día lunes 2 de junio, en horas de la noche, se encuentra desaparecido el señor presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Toros, ubicada en este municipio”, se lee en la misiva.
La Gobernación de Antioquia advirtió que la Policía y el personal militar presentes en la jurisdicción están ampliamente desbordados en su capacidad operativa y logística, lo que impide responder de manera eficaz a la complejidad de las amenazas.
Por ello, la administración departamental pidió al ministro de Defensa que se disponga de un plan de acción integral y sostenido, más allá de simples patrullajes ocasionales.
La solicitud incluye la instalación de puestos de control estratégicos, vigilancia permanente y mecanismos de reacción rápida ante posibles hechos de violencia, desapariciones o desplazamientos forzados.
“Las comunidades reclaman la acción decidida del Estado”, advierte el escrito, al tiempo que señala que una respuesta insuficiente comprometería la legitimidad institucional y dejaría en mayor vulnerabilidad a líderes sociales, campesinos, comerciantes y estudiantes.
La Gobernación reiteró su disposición a trabajar de manera articulada con el Ministerio de Defensa y demás entidades nacionales para garantizar el restablecimiento del orden público en Amalfi y proteger la vida de los habitantes que hoy se sienten sitiados por los grupos armados.