Tras los reclamos del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, por un recorte en el presupuesto del próximo año para el tribunal especial, se ha generado todo un debate alrededor del papel y los resultados de esa corte, que se creó con la firma del acuerdo de La Habana con las Farc en 2016.
El tema parece que no se zanjará fácilmente en el país y por eso ya han llegado algunos conceptos a la Corte Penal Internacional (CPI), que podría tener la última palabra sobre el alcance de la JEP.
Por un lado, Ramelli le solicitó a la Fiscalía de la CPI que respalde la entrega de los recursos que dice que necesita el tribunal para funcionar en 2027, una idea con la que no está de acuerdo el Gobierno De La Espriella, que apoya la propuesta de que se le recorten recursos por 100.000 millones de pesos para el próximo año.
El presidente de la JEP también dijo que en el Congreso se estaría sondeando la posibilidad de que algunas decisiones que hoy están en manos del tribunal especial sean revisadas por la Justicia Penal Militar, especialmente en lo que tiene que ver con sanciones a los integrantes de las Fuerzas Militares.
Ramelli le pidió a ese tribunal internacional que respalde la autonomía y el funcionamiento de la JEP.
Por otro lado, se conoció una comunicación que enviaron representantes de las víctimas en la que cuestionan las sanciones impuestas por el tribunal especial contra el antiguo Secretariado de las Farc, por lo que piden que se reabran las investigaciones por delitos de lesa humanidad en su contra.
Según argumentan, cuando se cerró el caso en la CPI en 2021, la misma JEP no había tomado decisiones de fondo, como sucedió recientemente, cuando se establecieron penas restaurativas por más de 21.000 hechos victimizantes relacionados con secuestros, crímenes de guerra, entre otros.
Asimismo, los abogados de las víctimas cuestionan que las penas no tendrían un impacto reparador sobre los afectados y que los exguerrilleros, en cambio, podrían tener beneficios por estas labores en las que no se contemplan penas privativas de la libertad.
En medio de esa puja, las víctimas han alzado su voz contra el tribunal especial de paz. Deisy Dorelly Guanaro fue una de las que dijeron que están de acuerdo con que se acabe la JEP.
“Si me preguntan a mí, como sobreviviente del conflicto, mi respuesta es clara: por mí, que se acabe esta ignominia. No queremos que sigan hablando en nuestro nombre mientras nosotros seguimos esperando. Queremos verdad, justicia, resultados y rendición de cuentas. Basta de impunidad”, afirmó.
Por su parte, el exdiputado del Valle, Sigifredo López, dijo que convocará a las más de 10 millones de víctimas de las Farc registradas en el país, con el fin de que recojan firmas para pedirles al Congreso y al Gobierno que eliminen el tribunal especial.
Sofía Gaviria, fundadora y presidenta de la Federación de Víctimas de Colombia, afirmó que “espera que quien lidera la JEP, en adelante, dé resultados honestos para todas las víctimas”.
“Somos más de 225.000 víctimas afiliadas en mi organización, la más grande del país, y no nos invitaron, por ejemplo, a la rendición de cuentas de la JEP que se hizo para justificar su inoperancia”, criticó.
En medio de toda esa tormenta y el debate que se ha generado, el primer pulso que se vivirá para determinar el futuro de la JEP será con respecto al presupuesto de la entidad para el año entrante. Se verá si los congresistas aprobarán el recorte propuesto por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y respaldado por el presidente Abelardo De La Espriella.