El Congreso de la República le dio luz verde a la Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, un trámite que estaba a la espera y sobre el cual habían insistido desde el Gobierno nacional para empezar a implementar este tribunal en el país.
“La Corte Constitucional ya reconoció que esta jurisdicción tiene función estructural en la Rama Judicial. Su operación no puede quedar frenada indefinidamente a la espera de una ley ordinaria. El país necesita ya un juez natural agrario”, había dicho el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en los últimos días ante la Corte Constitucional.
Con la ley estatutaria se podrá implementar esta ley que creará una Sala Civil, Agraria y Rural tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado, así como tribunales agrarios y rurales y jueces de esa competencia.
“Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción agraria y rural, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”, dice el documento que fue expedido en las últimas horas por el presidente del Senado, Lidio García y de la Cámara Julián López.
Cuervo había recordado que en 2023 se aprobó el Acto Legislativo 03 de ese año, con el que se creó la Jurisdicción Agraria y Rural y se definió la existencia de esos nuevos jueces especializados en asuntos agrarios.
Uno de los argumentos del Gobierno nacional para impulsar esta iniciativa es que actualmente hay conflictos latentes como deslindes, clarificación de baldíos o disputas por la tierra que tienen que ser tramitados por jueces civiles sin la especialidad necesaria en el agro, lo que ha generado demoras, barreras y conflictos de competencia. “La Jurisdicción Agraria y Rural permitirá decisiones oportunas, técnicas y con enfoque territorial”, dijeron desde el Ministerio de Justicia.
Otro punto es que daría acceso a la justicia rural pues permitiría que campesinos y comunidades étnicas puedan acceder a jueces cercanos al territorio y tengan en cuenta el derecho agrario.
Asimismo, se buscaría dar cumplimiento al acuerdo de paz de La Habana con las Farc, pues este fue el punto uno que se estableció en ese tratado pero que hasta ahora no se habría logrado llevar a cabo. Argumentan que se trata de una deuda histórica con las poblaciones que han sido víctimas del conflicto armado y desplazadas de sus territorios por la violencia de los grupos armados ilegales, entre ellos la antigua guerrilla de las Farc.