La decisión de la Procuraduría de suspender de manera inmediata al general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por el caso de los archivos encontrados en los computadores de alias Calarcá, tomó por sorpresa al Gobierno.
Aunque el ente disciplinario venía analizando la medida, la determinación llegó en un momento en que el Ejecutivo insistía en verificar la cadena de custodia y la autenticidad de esos chats, que llevan más de 16 meses en revisión.
“Se había iniciado una averiguación inicial que hoy avanza hacia una suspensión provisional del señor Huertas y del señor Mejía, eso habida cuenta de que ya se arrimaron al expediente inicial unas pruebas y unas certificaciones que estaban pendientes y tienen relación con su condición de servidores públicos”, confirmó Eljach.
El anuncio del procurador general ocurrió en la condecoración que le organizó la Universidad del Cauca en la categoría Exalumno Eminente, teniendo en cuenta su trayectoria en el mundo político y la vinculación que ha tenido con el alma mater.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que la suspensión lo “cogió en frío”. En una declaración entregada a los medios, explicó que el Gobierno no esperaba un movimiento tan inmediato, especialmente después de que el presidente había planteado dudas sobre la legitimidad de los archivos obtenidos. “Quedamos un poco en frío, a ver qué va a suceder, respetando la decisión del procurador”, dijo.
Benedetti evitó calificar la suspensión como positiva o negativa para la investigación y señaló que, por ahora, el Ejecutivo debe “analizar qué está sucediendo”. Recordó que la Procuraduría actúa con autonomía y que, si tiene los elementos de juicio, su decisión debe respetarse.
Sobre por qué el Gobierno no suspendió antes a Mejía, Benedetti aclaró que esa competencia recaía en el director del DNI, Carlos Lemus, y que cualquier determinación debía ser consultada con la Casa de Nariño.