El presidente Gustavo Petro le echó leña al fuego en medio de la discusión que ha zanjado con los alcaldes y gobernadores del país. En su más reciente consejo de ministros en Ipiales, Nariño, arremetió contra varios de ellos y hasta habló de sacarlos de sus cargos o pedir que los encarcelen, en medio de la polémica que se ha generado a causa del alto incremento de porcentajes del impuesto predial por la actualización del catastro multipropósito, lo que ha generado marchas y bloqueos en varias regiones del país.
Petro buscó responsabilizar a los mandatarios locales y regionales de esos incrementos. “Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”, afirmó. El presidente aclaró que no lo haría por orden suya porque eso es competencia de la justicia y del contralor, pero dijo que se sentará con el procurador general, Gregorio Eljach, para hacerle esa solicitud y que los mandatarios locales sean suspendidos.
Más temprano, el presidente había calentado esa polémica diciendo que los “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, lo que generó múltiples cuestionamientos, pues le reclamaron que la Constitución Política establece que los mandatarios locales son autónomos del poder central y elegidos por voto popular.
Petro habló de nombres en concreto. Por ejemplo, se enfrentó con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a quien le dijo que quedaba “advertido”. Le pidió reunirse con los alcaldes del departamento y llegar a acuerdos de una tasa predial en los concejos municipales de esas ciudades.
“Advertido de qué, señor presidente (¿tengo que aumentar mi seguridad?), sea claro. Para empezar, yo no organizo paros, no estoy de acuerdo con las vías de hecho”, le contestó el gobernador.
Desde Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos (FND), las organizaciones que representan a los alcaldes de ciudades capitales y los gobernadores, respectivamente, se pronunciaron cuestionando las declaraciones del mandatario y pidieron autonomía regional.
“Respetuosamente, hacemos un llamado a la responsabilidad institucional en el uso del lenguaje público, evitando generar desinformación o interpretaciones que puedan afectar la confianza en las instituciones y el equilibrio democrático”, afirmaron desde el FND.
“En una democracia constitucional, ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas ni de expresiones que insinúen su remoción por fuera de los cauces institucionales”, agregaron desde Asocapitales.
A toda esa polémica se sumaron unas declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que si los ciudadanos deciden mantenerse en manifestaciones por los elevados incrementos, deberían hacerlo en contra de los alcaldes porque de ellos dependería el porcentaje del alza de estos valores, a pesar de que se sabe que fue el Gobierno el que expidió la resolución a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.