SEMANA conoció en exclusiva que este miércoles, 12 de noviembre, por una decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se hará una inspección judicial en contra del Consejo de Estado a las 4:00 p. m.
Las razones de fondo tienen que ver con la nulidad electoral del gobernador de San Andrés, Nicolás Iván Gallardo, quien fue suspendido por el alto tribunal por supuesta doble militancia.
Aunque la diligencia se adelanta porque el gobernador considera que no se impartió el trámite correspondiente, SEMANA conoció que podría haber información relacionada a casos de supuesta corrupción dentro del Consejo de Estado.
El proceso se da en el marco de una indagación que se abrió por una denuncia presentada contra los magistrados del alto tribunal, que fue interpuesta a través de una tutela en la que reclaman supuestas violaciones a derechos fundamentales en la que alegan que, supuestamente, los consejeros habrían incurrido en infracciones a la ley penal porque habrían resuelto una tutela a pesar de que tenían en curso una recusación en su contra.
La otra tutela es la que está relacionada a las supuestas violaciones al debido proceso dentro del caso de nulidad de la elección del gobernador de San Andrés.
La inspección se llevará a cabo en la Secretaría General del Consejo de Estado, que es la dependencia a la que le corresponde el trámite de los expedientes sobre acciones constitucionales y los que cuya competencia recae en la Sala Plena.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara solicitó para este proceso que haya acompañamiento en la diligencia de la Policía, la Dijín y el Cuerpo Técnico de Investigación adscrito a esa comisión.
Además del caso del gobernador de San Andrés, a la Comisión de Acusaciones habrían llegado otros recursos de mandatarios locales y regionales que han presentado demandas porque también han sido inhabilitados por hechos similares, por lo que piden que se investiguen las actuaciones de los magistrados del Consejo de Estado.
Cabe recordar que, en el caso de Gallardo, el alto tribunal decidió suspender su elección porque había sido avalado por el Partido Liberal, porque supuestamente habría respaldado a candidatos de otro partido para la asamblea departamental.
En entrevista con SEMANA, el gobernador de San Andrés aseguró: “Nosotros notamos desde la misma fijación del litigio unas inconsistencias, como también otras partes de reforma de la demanda, una doble reforma, la cual no debió tener lugar. La demanda solo se podía reformar una única vez y, además, las supuestas pruebas con las que a nosotros nos hacen el juicio o la valoración no contaban con la cadena de custodia y había alteraciones y manipulaciones de estas”.
En ese momento, Gallardo informó que le dejaría esas inconsistencias a su equipo jurídico.
“Vamos a estar tomando todas las medidas que tengan del caso y, desde la aclaración, hacer caer en cuenta de una serie de situaciones. Vamos a seguir con todos los mecanismos posibles, vamos acudir a la tutela y, por esta connotación particular de nuestro departamento, de nuestra etnia y de lo que representamos, vamos a pedir unas medidas cautelares ante la CIDH, ya que se están vulnerando todos los derechos políticos de una comunidad que eligió de forma contundente, un territorio étnico que socialmente debe tener una diferenciación especial”, afirmó.