La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública emitió unas nuevas observaciones sobre el procedimiento administrativo de la Subestación Nueva Lorica, un proceso licitatorio que está bajo la vigilancia del Ministerio Público.
Dicho proceso tiene por objeto la “selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Lorica 110 kV y líneas asociadas”.
Sin embargo, se han encontrado posibles irregularidades por lo que se han hecho diferentes observaciones para que sean atendidas de inmediato. El documento de la Procuraduría está dirigido a Rafael Enrique Fragozo Díaz, el director de la Unidad de Planeación Minero Energética.
“Analizar la posibilidad de revocar la convocatoria pública UPME STR 01-2026 Subestación Nueva Lorica 110 kV, con el fin de que se realicen las modificaciones al procedimiento administrativo de la referencia, ante las posibles vulneraciones a las que se ha hecho referencia. Esto, en el marco de su autonomía institucional y de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)”, dice el documento de la Procuraduría.
Por este documento del Ministerio Público, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia aseguró que las actuaciones son correctas y que se atendieron las peticiones hechas en los últimos meses.
Según Pablo Bustos, la Procuraduría está haciendo seis observaciones que deben atenderse rápidamente porque, incluso, se pone sobre la mesa la posibilidad de revocar la convocatoria. La Red de Veedurías publicó las dudas del Ministerio Público.
1. Posibilidad de revocar la convocatoria. La Procuraduría reitera la recomendación de analizar la revocatoria directa del proceso, para corregir las posibles vulneraciones advertidas.
2. Posible desconocimiento del derecho a interponer recursos. Cuestiona que los documentos de selección establezcan que contra el acta de adjudicación no proceden recursos, cuando el Consejo de Estado, en sentencia del 15 de julio de 2026, señaló que el acto de asignación de un proyecto es un acto administrativo motivado y susceptible del recurso de reposición.
3. Contradicciones en las comunicaciones a los proponentes. La Procuraduría advierte inconsistencias entre los numerales 3.7 y 5.4 de los documentos de selección, tanto en los mecanismos de notificación como en el momento en que se entiende recibida una comunicación.
4. Requisitos de experiencia que podrían restringir la participación. La entidad de control advierte que la regulación CREG exige demostrar experiencia en construcción de redes y transporte de energía eléctrica en tensiones superiores a 100 kV, pero no exige que los proyectos estén culminados. Por ello, cuestiona que la UPME excluya contratos en ejecución sin una justificación técnica suficiente.
5. Exclusión de ENELCA y posibles vulneraciones al debido proceso. La Procuraduría cuestiona la exclusión de ENELCA S.A.S. E.S.P. del procedimiento y solicita informar si se garantizaron los recursos contra esa decisión. Advierte que, de no haberse concedido, podrían existir riesgos de nulidad que afectarían incluso las actuaciones posteriores, incluida la adjudicación.
6. Riesgos para la seguridad jurídica del proyecto. Las posibles irregularidades advertidas podrían comprometer la estabilidad jurídica de todo el procedimiento administrativo.
La Procuraduría pide que antes de este 12 de noviembre todas las dudas estén resueltas con fundamentos técnicos y jurídicos.