La Superintendencia del Subsidio Familiar tiene bajo intervención 11 cajas de compensación en todo el país, cifra que antes del Gobierno de Gustavo Petro se limitaba a cinco corporaciones de este tipo.
Una de las intervenciones ocurrió el pasado 6 de julio, a pocas semanas del final de esta administración. En medio de la polémica, Comfamiliar Atlántico fue intervenida por Antonio Sanguino, ministro del Trabajo que fue nombrado superintendente encargado, luego de la renuncia de Sandra Cadena.
Esta intervención fue rechazada en su momento por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas): “Expresa su preocupación por la adopción de una medida de esta naturaleza en un contexto de incertidumbre jurídica frente al régimen de intervención administrativa de las Cajas de Compensación Familiar”.
Pese a que Sanguino solo lleva 23 días en el cargo, este medio conoció que se busca hacer varios cambios en los asientos que las centrales obreras y los empleados tienen dentro de los consejos directivos, que son clave para elegir a los directores de estas entidades, lo cual ha generado alertas tanto dentro como fuera de la superintendencia.
SEMANA conoció que la Procuraduría General de la Nación tiene la lupa puesta sobre las acciones de Sanguino, a raíz de una serie de denuncias que se han interpuesto desde su llegada al cargo, las cuales advierten sobre presuntas irregularidades en la toma de decisiones y hasta motivaciones políticas detrás de la intervención de Comfamiliar Atlántico.
El pasado 3 de julio, antes de la intervención de Comfamiliar Atlántico, la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión notificó una acción preventiva relacionada con las actuaciones de Sanguino en calidad de superintendente encargado.
El oficio iba dirigido a verificar el nombramiento de los miembros de los consejos directivos.
“Adelanta una actuación preventiva orientada a verificar el cumplimiento del marco constitucional, legal y reglamentario aplicable al proceso de elección, designación, verificación de requisitos, autorización para el ejercicio del cargo y registro de los miembros de los consejos directivos de las Cajas de Compensación Familiar, tanto de los representantes de los trabajadores como de los empleadores”, se lee en el documento.
El procurador delegado agregó que su despacho tenía la necesidad de “verificar la existencia de diferentes interpretaciones sobre el alcance de las competencias del Ministerio del Trabajo y de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el citado procedimiento, así como eventuales divergencias entre los criterios aplicados por dichas autoridades y las administraciones de las Cajas frente a la verificación de requisitos, inhabilidades e incompatibilidades, y la posesión de los consejeros elegidos o designados”.
En este procedimiento, según el procurador delegado, se debe contar con “imparcialidad y seguridad jurídica”, dado que tanto el Ministerio del Trabajo como la Superintendencia nominan y verifican, respectivamente, dichos nombramientos, que ahora quedaron en manos de un solo funcionario.
Para ello, se pidió información sobre las medidas tomadas para generar un ambiente de imparcialidad en la toma de decisiones y, una vez analizada la información allegada, “esta Procuraduría determinará las acciones preventivas a que haya lugar”.
Además, desde otro despacho, se solicitó información sobre el proceso de intervención de Comfamiliar Atlántico, dadas las alertas generadas.
SEMANA conoció que, incluso desde antes de ser superintendente encargado, se venían generando advertencias sobre el rol de Sanguino en los nombramientos.
Una de ellas proviene de Libia Constanza Silva, funcionaria de carrera administrativa de la Superintendencia, quien radicó una queja disciplinaria contra el ministro por “extralimitación de funciones”.
Denuncia que, en el caso de las cajas Comfanorte y Comfa Caldas, se designaron miembros del consejo directivo sin que existiera una vacante para hacerlo.
“No existía en ese momento alguna vacancia definitiva del renglón, razón por la cual no era necesario que el Ministerio designara una nueva persona dado que el suplente se encontraba en ejercicio hasta finalizar el periodo estatutario”, manifestó la funcionaria.
Por otro lado, la Federación del Sistema de Seguridad Social, sindicato del sector, también denunció ante la Procuraduría General de la Nación esa doble función que comenzaba a ejercer Sanguino.
“No se pueden ejercer por un mismo funcionario aquellas competencias legales del funcionario superior y a la vez las de menor categoría, en las que el superior tiene que revisar o autorizar los actos del inferior”, expresó el sindicato.
Igualmente, SEMANA conoció que Asocajas solicitó mediante un oficio el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación en el proceso de intervención de Comfamiliar Atlántico y la designación de consejeros.
En este caso, llama la atención que Comfamiliar Atlántico no alcanzó siquiera a responder el último requerimiento de la Superintendencia. El informe final fue remitido el 30 de junio y le concedió ocho días hábiles para presentar un plan de mejoramiento. Sin embargo, el 6 de julio, Sanguino ordenó la intervención total, cuando el plazo aún no había vencido.
En este caso, este medio conoció que Herber Mantilla, quien fue director de Comfamiliar Atlántico, dejó una declaración extrajuicio dos días antes de ser retirado del cargo, en la que denunció una motivación política detrás de las acciones ejecutadas contra la caja de compensación.
“Me manifestó su molestia por mi respaldo a la campaña política del señor Abelardo de la Espriella; me atribuyó un supuesto parentesco con el señor Mauricio Gómez, a quien identificó como opositor del Gobierno Nacional; y me expresó que había recibido diversos comentarios negativos en mi contra, sin sustento ni fundamento alguno”, expresó ante una notaría.
Mantilla, al día siguiente de ser retirado de su cargo, recusó a Sanguino, reiterando la insinuación política que mencionó en su declaración extrajuicio.
“En su cabeza quedaron concentradas, de manera simultánea, la potestad de designación y dirección propia del Ministerio y la potestad de inspección, vigilancia, control y decisión propia de la Superintendencia”, detalló.
Y continuó: “Las circunstancias antes descritas evidencian que el recusado ha exteriorizado un ánimo adverso originado en motivos político-electorales por completo ajenos al objeto de la actuación administrativa”.
Asocajas y superintendente encargado responden
Ante esta situación, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, aseguró que la Superintendencia del Subsidio Familiar no puede convertirse en un “vehículo para estatizar” las cajas de compensación.
“No puede convertirse en vehículo para manejar el presupuesto de las cajas de compensación familiar. Cuando se miran las causales de intervención, uno no las entiende. También es complejo que la Superintendencia sea juez y parte, dado que no se revisa lo que pasa dentro de las cajas intervenidas”, dijo la líder gremial a SEMANA.
Por otro lado, Sanguino contestó a este medio que la intervención de Comfamiliar Atlántico se desarrolló “en ejercicio legítimo de las funciones de inspección, vigilancia y control que la ley atribuye”.
“En atención a los graves hallazgos de carácter fiscal identificados en el curso de dicha actuación, los cuales ameritaron la adopción de las medidas correspondientes por parte de esa superintendencia”, dijo.
Y agregó: “Las actuaciones de la Supersubsidio se adelantaron en estricto cumplimiento de los procedimientos institucionales previstos por las normas respectivas. No obstante, se señala que la solicitud proviene de la Procuraduría General de la Nación, entidad que solicita la información sobre la intervención realizada; solicitamos aclaración de la competencia”.
Frente a la designación de miembros del consejo directivo, respondió: “Para esos asuntos está designado un superintendente ad hoc para la revisión de la documentación de los consejeros representantes de los trabajadores designados por el Ministerio del Trabajo”.