La Procuraduría General expidió un documento que es una actuación preventiva que se inicia por las quejas presentadas contra la gestión contractual de Emserpa y la Alcaldía de Arauca.
En el documento del Ministerio Público se le pone la lupa a esta contratación y se recomienda frenar los pagos hasta que se aclaren las presuntas irregularidades que habría en el proceso de contratación en obras públicas de esa ciudad.
El Ministerio Público asegura que la acción preventiva se da sobre un contrato de más de 43.000 millones de pesos que se firmó entre la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa) y la sociedad Mopen S. A. S. para ejecutar recursos públicos provenientes de un convenio con el Ministerio de Vivienda.
“Este despacho, en el marco de la función preventiva y en aras de evitar la eventual afectación del patrimonio público, se permite recomendar a la entidad, en el ámbito de su autonomía y bajo su exclusiva responsabilidad (…) abstenerse de tramitar, aprobar o solicitar el aval de pagos, anticipos o desembolsos con cargo al contrato No. 144 de 2026 hasta tanto se cuente con claridad sobre los aspectos señalados”, dice el documento de la Procuraduría.
Las actuaciones que se están adelantando se dan por la queja presentada por la Veeduría para la Transparencia Ciudadana, que también fue radicada ante la Fiscalía General, la Contraloría General y la Corte Suprema de Justicia.
“Poner en conocimiento del Ministerio de Vivienda, de su supervisor, de la sociedad fiduciaria y de la interventoría el contenido de este oficio, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, evalúen la pertinencia de diferir cualquier aval o desembolso mientras se adopta una decisión sobre los aspectos en verificación”, se reitera.
Por esa razón, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, y el gerente de Emserpa, Germán Javier Castro, deberán dar explicaciones sobre este contrato, ya que la Procuraduría solicitó información y soportes con los que se tomó la decisión de avanzar en el contrato y poder determinar si todo se ajustó a las condiciones del convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda.
Aparentemente, el proceso de selección fue bastante rápido y eso ha llamado la atención del Ministerio Público. Además, la empresa Mopen S. A. S. estaría en liquidación.
Por ello, la Procuraduría quiere “obtener de la Cámara de Comercio de Casanare el certificado histórico de existencia y representación legal de Mopen S. A. S. y, de confirmarse la disolución o el estado de liquidación de la sociedad, evaluar y adoptar, conforme a la ley y al contrato, las actuaciones contractuales que correspondan, informando a este despacho”, dice el documento.
El objetivo es determinar si la compañía cumplía las condiciones legales y contractuales para participar, recibir la adjudicación y firmar el contrato.
Finalmente, se asegura que no aparecen registradas audiencias de asignación de riesgos, ni de adjudicación, por lo que solicitó las explicaciones y los soportes de esos trámites.