La exconsejera para las regiones del Gobierno, Sandra Ortiz, fue vista en los pasillos del Capitolio Nacional este martes, 19 de mayo. A varios les sorprendió su presencia, pues apenas hace cuatro días había recuperado su libertad por vencimiento de términos en medio de la investigación del escándalo de la UNGRD.
Lo que más sorprendió fueron las razones de su visita, pues— según reconoció— fue a solicitar un crédito debido a que no ha podido trabajar pues se encontraba privada de la libertad.
“Vine al Congreso de la República, primero a activar mis cuentas, aquí está mi cuenta de origen, entonces vine a pedir plata prestada y a activar mis cuentas”, reconoció la exfuncionaria del Gobierno.
Sobre el préstamo dijo que lo solicitó porque está “ilíquida” pues duró dos años “sin trabajar”. “Yo vivo de mi salario”, agregó.
Ortiz se refirió al proceso judicial en su contra y dijo que cree en la justicia del país y que siempre le “ha dado la cara”. En ese sentido, pidió garantías en su proceso.
“Estoy tratando de rehacer mi vida otra vez porque perdí muchos meses de mi vida y, sobre todo, abandoné a mis hijas y a mi familia y espero poderlas recuperar”, mencionó.
En el caso del proceso, la exfuncionaria dijo que su abogado está recolectando todas las pruebas necesarias para presentar a la Fiscalía en su caso. “Esperemos que pronto el país conozca todo, eso es lo que queremos”, dijo.
El pasado 11 de mayo, el Juzgado 35 de control de garantías ordenó su libertad luego de que su defensa reclamara que tras 400 días de radicación del escrito de acusación hasta la fecha no ha iniciado una etapa de juicio.
“Al restarle a 473 días los 144 días señalados, nos da un guarismo de los 329 días, término que está evidentemente por encima de los 240 días que da la causal del artículo 377 del Código de Procedimiento Penal”, dijo el juez.
Ortiz se encontraba recluida desde el 18 de diciembre de 2024 en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá y está siendo investigada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por el escándalo de la UNGRD, que ha salpicado a varios miembros del Gobierno de Gustavo Petro.
De hecho, la misma exconsejera había mencionado en su momento a varios exfuncionarios que habrían hecho parte del entramado de corrupción.
Asimismo, en el expediente que se conoció en su momento se detallaba que, supuestamente, Ortiz habría llevado 3.000 millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado Iván Name —hoy preso por ese escándalo— para que fueran aprobadas las reformas del Gobierno en el Congreso.