El pasado 11 de mayo, tras estar 509 días recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz quedó en libertad por vencimiento de términos.
La decisión representó un fuerte revés para la Fiscalía, que ha recibido fuertes cuestionamientos por los pocos avances y fallas en las investigaciones por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las críticas arreciaron por la sumatoria de acciones que llevaron a que, por ejemplo, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla saliera en libertad por una demora en la radicación del escrito de acusación. Un golpe adicional a la fuga de uno de los cerebros del saqueo, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González, quien ya ni siquiera es buscado por la Interpol.
SEMANA revela vacíos en el expediente contra la exconsejera, conocida como “la mensajera” en el entramado criminal, por haber sido la supuesta emisaria de los 3.000 millones de pesos para comprar, presuntamente, la conciencia del entonces presidente del Senado Iván Name, y facilitar, al parecer, el trámite de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro y la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, como lo reveló este medio.
Uno de los puntos más complejos en este expediente tiene que ver con el origen del dinero utilizado para sobornar al senador de la Alianza Verde. SEMANA conoció las declaraciones que rindió el exsenador liberal Pedro Castro Espinosa, a quien el ente investigador calificó como “el prestamista”.
El nombre del excongresista aparece mencionado en el expediente como la persona que “prestó”, en tiempo récord y sin exigencias, los 4.000 millones de pesos para que el entonces subdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla los hiciera llegar a los bolsillos de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle.
El 21 de enero de 2025, el exsenador rindió declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Durante cinco horas intentó explicarle al magistrado Francisco Farfán la forma como fue convencido por Pinilla para entregarle esa alta suma de dinero.
Tras ser indagado sobre su cercanía, el excongresista indicó que lo conocía de un tiempo atrás y que le pareció un tipo “metelón” que le despertó “confianza” cuando le propuso el tema de la plata.
A Castro no le gustaba mucho que se le calificara como un “prestamista”. Cuando se le preguntó sobre sus fondos bancarios para desembolsar tal cantidad de dinero en efectivo, titubeó.
“Honorable magistrado, suena increíble, pero yo soy un hombre chapado a la antigua, yo creo en la palabra. Yo he hecho negocios con la palabra, sin respaldo alguno. Yo creo en la gente”, afirmó.
Un mes y medio después, en abril de 2025, Castro rindió otra declaración en la que le pusieron de presente la declaración del exsubdirector Pinilla, quien lo calificó como “un amigo”, a lo que prefirió no referirse. Castro reconoció que para la época de los hechos materia de investigación (agosto-octubre de 2023) contaba con una medida cautelar de 13.000 millones de pesos, lo que le impedía realizar cualquier tipo de inversión o movimiento a través de la banca.
El prestamista detalló la forma en que se comunicó con Sneyder Pinilla para cerrar lo que él veía como un “negocio respaldado por la palabra y un pagaré a tres meses”.
Sin embargo, en esa oportunidad nadie le preguntó si no veía raro entregar en lugares públicos maletas repletas con dinero en efectivo para ser utilizado en inversiones que no conocía. En aquella ocasión, modificó otra vez la versión inicial y aseguró que, al no tener los recursos, buscó a una persona del “norte del Valle del Cauca”. Sin embargo, no entregó más detalles y tampoco fue indagado sobre la identidad del otro misterioso inversionista.
El exsenador liberal, en sus dos declaraciones, no pudo atinar a decir si sabía la finalidad del dinero que prestaba ni si contaba con una garantía para su devolución con los intereses que había pactado en la charla con el entonces subdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla.
Este dinero en efectivo fue el mismo que habría sido trasladado el 10 de octubre a la habitación 2312 de Residencias Tequendama, donde vivía la consejera presidencial para las Regiones. Por esto, la importancia de conocer su origen. El soborno a Name es la columna vertebral del proceso contra Sandra Ortiz. No obstante, hay contradicciones.
En entrevista exclusiva con SEMANA, Sandra Ortiz señaló que contaba con todas las pruebas sobre el movimiento de este dinero y las personas que participaron en el mismo. Sin embargo, esta matriz de colaboración no fue avalada por la Fiscalía General por no considerarla “novedosa”.
Fueron tan claros los detalles que dio Ortiz que incluso afirmó que fueron dos entregas de 1.500 millones y que la segunda fue al hijo del senador, con quien fueron a cenar. Pero no fue la simple declaración, pues lo dicho fue acompañado por chats que comprobaban su versión.
A pesar de ello, a lo largo de las audiencias preparatorias de juicio, modificó su historia, alegando que nunca tuvo conocimiento de este dinero y que jamás conoció la existencia de las “maletas llenas” que contó y registró fílmicamente Sneyder Pinilla.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que varios abogados, tanto de investigados como de las víctimas reconocidas en los expedientes, le han pedido a la Fiscalía indagar al señalado “prestamista” por falso testimonio, por sus declaraciones contradictorias.
El contrato que no existe
El otro punto central tiene que ver con los cambios de los hechos por los que la Fiscalía acusó a Ortiz, en los cuales, al parecer, también habrían cometido graves errores. En la imputación de cargos se mencionó que Ortiz había tenido relación con el contrato para la compra de los 40 carrotanques para llevar agua potable a varias zonas vulnerables del departamento de La Guajira, que tuvo un valor de más de 46.000 millones de pesos, con sobrecostos y direccionado.
Sin embargo, en el escrito de acusación no está este episodio y solo se habla de las presiones que realizó en 2023 la entonces consejera presidencial para promover la adición, por cerca de 11.000 millones de pesos, para el contrato de obra que estaba adelantando la UNGRD en el municipio de Repelón, Atlántico.
La misma UNGRD señaló que el Contrato No. 9677-PPAL001-727-2022 no fue ejecutado en Repelón, sino en el municipio de Girón (Santander). El escrito, firmado por la subdirectora para la Reducción del Riesgo de la UNGRD, María Constanza Meza Elizande, indica que el mismo fue debidamente terminado en el primer semestre del año 2022. Ni fue en Repelón ni fue en el Gobierno Petro; de ese tamaño es el error de la Fiscalía.
SEMANA pudo establecer que una de las principales pruebas que se presentarán en las audiencias preparatorias tiene que ver con los informes oficiales de la UNGRD y otras entidades frente a la ejecución y certificación del mencionado contrato de obra