Un campesino antioqueño, que nació y creció en la finca que le heredaron sus padres, podría perder el fruto del trabajo de años. Su tierra está en la vereda La Ceiba, del municipio de Vegachí, donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) está en una carrera contra reloj para recuperar baldíos, con el fin de agilizar la entrega de tierras de la reforma agraria.
Asumiendo que su terreno forma parte de un baldío, el campesino aseguró que, sin siquiera notificarlo, la entidad abrió un expediente para recuperarlo y entregarlo en el marco de la política: “Comenzó el 25 de agosto, pero nos dimos cuenta en febrero de este año”.
“No sabíamos del proceso. Nos notificaron por la página. Cuando nos dimos cuenta, porque uno vive en el campo, ya iban a recoger pruebas. Faltaban dos días para cerrar el caso y no sabíamos”, manifestó el campesino antioqueño en SEMANA, pidiendo reserva de su nombre para evitar represalias.
Luego buscó ayuda, junto a otros propietarios de la zona, para evitar perder su predio: “Somos varios. Tenemos escrituras y documentos públicos de hace muchos años. Mi familia adquirió esta finca en 1969, con escrituras públicas”.
El joven campesino, que se dedica a la ganadería, agricultura y piscicultura, y que con sus propias manos ha sostenido a su familia, ahora teme perder el terreno, que lo dejaría sin trabajo y sin cómo proveer para sus hijos.
SEMANA conoció que la situación hizo que propietarios de predios en Vegachí presentaran acciones judiciales y disciplinarias para frenar el procedimiento, el cual demostraría que, detrás de las hectáreas de tierras formalizadas en el Gobierno Petro, habría arbitrariedades dentro del proceso, que estarían perjudicando a familias campesinas vulnerables.
La misión del Gobierno nacional es desarrollar una reforma agraria rápida, que pueda contar como un logro del presidente Gustavo Petro. Por ello expidió el Decreto 1191 de 2025, por medio del cual se reglamenta un mecanismo en el que la ANT está habilitada para recibir bienes rurales del Fondo de Reparación de Víctimas para entregar en programas de dotación de tierras.
Desde el día de su expedición, existen demandas contra el decreto, incluso solicitando medidas cautelares bajo el argumento de que se “creó sin norma legal habilitante un mecanismo nuevo de enajenación temprana de bienes apenas cautelados, atribuyendo la potestad de transferir el dominio definitivo”.
Las demandas y solicitudes aún no han sido resueltas por el Consejo de Estado, por lo que el proceso sigue en todo el territorio nacional.
En el caso de Vegachí, los campesinos afectados, al darse cuenta del proceso que pone en riesgo sus fincas, interpusieron una tutela contra la ANT, pidiendo que no se les vulnere el derecho al debido proceso.
“Se pueden percibir actuaciones arbitrarias por parte de los funcionarios encargados del caso. Somos campesinos, con unas vidas impecables, con una trayectoria que nos permite demostrar la titularidad y el dominio de nuestras tierras de buena fe”, manifiestan en el documento, presentado en marzo de este año.
Y agregaron: “La afectación es grave, en tanto una eventual declaratoria de recuperación del predio implicaría la pérdida de nuestro lugar de habitación, de nuestro único medio de subsistencia y del proyecto de vida de nuestras familias”.
Al mismo tiempo, para frenar el proceso, desde el municipio recusaron a todos los funcionarios implicados, incluido Juan Felipe Harman, director de la ANT, y al presidente Gustavo Petro. Pese a eso, según el documento, los funcionarios de la entidad no se detuvieron.
“El apoderado de los interesados puso de presente al equipo, de manera formal, la existencia de las recusaciones y su efecto suspensivo, advirtiendo expresamente sobre las consecuencias disciplinarias y penales. Los integrantes del equipo se negaron a recibir la documentación que acreditaba la recusación y continuaron con la actuación”, se lee en el documento.
Pese a las medidas tomadas, se continuó con el procedimiento, lo cual resultó en una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por nuevas actuaciones en el predio.
“Los disciplinados ignoraron este mandato: expidieron, proyectaron, revisaron y aprobaron el auto dos días después de radicada la recusación; el 13 de marzo reconocieron conocer tanto la recusación como una acción de tutela en curso y declararon su intención de continuar; y el 16 de marzo el equipo comisionado se presentó al predio y adelantó la visita de campo pese a ser advertido formalmente, in situ, de los efectos suspensivos de la recusación”, describió la denuncia presentada al Ministerio Público.
Y detalla que “la propia ANT terminó reconociendo la ilegalidad al expedir, el 17 de marzo, un nuevo auto que dejó sin efectos el del 6 de marzo y ordenó la suspensión retroactiva del procedimiento desde el 4 de marzo”.
Finalmente, luego de varias acciones y meses de lucha, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia decidió, frente a la tutela presentada, ordenar a la ANT dejar sin efectos las actuaciones administrativas surtidas dentro del procedimiento en el predio.
Además, en un aparte, el despacho “advierte una actuación reprochable por parte de la ANT, que incide negativamente en la valoración constitucional del caso” y que “evidencia una conducta administrativa que, cuando menos, afecta los principios de buena fe, coherencia y lealtad procesal, y refuerza la conclusión de que el procedimiento no se estaba adelantando con pleno respeto de las garantías constitucionales de los accionantes”.
Según el abogado Mauricio Pava Lugo, con más de 20 años de experiencia en litigio, lo que ocurre con la recuperación de supuestos baldíos podría llegar a ser confiscación de bienes con propietario.
“Si el predio es privado, no baldío (eso lo dice la ley, no una consigna ideológica), el Estado no puede tratarlo como baldío para tomarlo sin pagar, sin indemnizar y sin respetar las garantías. Es peor lo que están haciendo, están confiscando”, sostuvo.
Y frente a los decretos para agilizar el proceso, agregó: “Se gobierna por decreto, se legisla por decreto, se gestionan derechos por decreto y se pretende que la administración concentre poderes que la Constitución distribuyó entre el legislador, el juez y las autoridades administrativas. La Procuraduría ya está actuando, no podemos permitir confiscaciones y un nuevo ciclo de violencias”.
SEMANA consultó a Juan Felipe Harman, director de la ANT, quien aseguró que los predios de los campesinos de Vegachí no corren riesgo, pese a que las acciones interpuestas no detuvieron nuevas acciones dentro del proceso de recuperación de baldíos.
“No existe decisión alguna de la Agencia Nacional de Tierras en lo que refiere a ese predio. Hasta ahora, inició el proceso agrario y, si existen campesinos sin tierra que lo ocupan, se les titula de forma inmediata. Si existen indebidos ocupantes o personas que tienen otros bienes, se recupera el bien. Está en una fase inicial y no tienen por qué preocuparse”, manifestó el director de la entidad.
El Gobierno saca pecho por la formalización de más de 1,5 millones de hectáreas, pero el proceso para los campesinos de Vegachí ha estado plagado de presuntas maniobras para hacerlo más corto, menos transparente y dejando a familias, que viven de lo que producen en su finca, indefensas. Queda en manos de las autoridades investigar lo que ocurre en este y otros casos reportados en el departamento.