La carrera por la Contraloría General de la República avanza en silencio en medio de la campaña presidencial en Colombia. El próximo mes de agosto, el nuevo Congreso escogerá de una lista de diez candidatos para reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez, en uno de los cargos más importantes del país.
Pese a que aún faltan varios meses, el proceso viene avanzando desde enero de este año, cuando se escogió la universidad que iba a llevar a cabo el examen que busca evaluar conocimientos para ejercer el cargo y depurar la lista de candidatos.
El resultado fue contundente. El exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo sacó 98 de 100 puntos posibles, quedándose con el primer puesto. Le siguen Julián Ruiz Rodríguez, excontralor de Bogotá; Karol González Mora; Elisina Ortega Consuegra; Andrés Castro Franco, personero de Bogotá, y Luis Enrique Abadía, contralor delegado para la Gestión Pública.
SEMANA conoció que, tras la toma del examen y la publicación de los resultados, varios aspirantes dieron a conocer sus cuestionamientos frente al proceso. Plantean presuntas irregularidades en la apresurada contratación de la Universidad de Cartagena, así como la pertinencia de las preguntas y supuesta falta de garantías para hacer reclamaciones.
El contrato
En principio, apenas el 20 de enero de este año, el Senado de la República solicitó al Ministerio de Educación la lista de instituciones acreditadas de alta calidad para contratar el examen. El 22 de enero recibió la respuesta y el 29 de enero quedó constancia de que recibieron cuatro propuestas de universidades.
Entre ellas, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y las Unidades Tecnológicas de Santander. Finalmente, se escogió la primera institución, que propuso llevar a cabo la evaluación por 250 millones de pesos, que era la de menor valor.
Este medio conoció que justo a las 11:43 de la noche del 30 de enero, horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, Astrid Salamanca Rahin, directora administrativa del Senado de la República, envió una comunicación a Lidio García, presidente del Congreso, y a Julián López, presidente de la Cámara, expresando su preocupación por el contrato que estaban acordando suscribir.
Aseguran en el documento que intentaron comunicarse con la institución para la validación documental en varias oportunidades ese día. Además, acepta que no se contaba con el certificado de disponibilidad presupuestal.
“En consecuencia, pese a las gestiones adelantadas por la Dirección General, no se cuenta con los soportes documentales, jurídicos y presupuestales mencionados que son necesarios en la fase precontractual para poder estructurar los Estudios y Documentos Previos y dar inicio en debida forma al proceso de contratación del asunto”, se lee en el documento.
En medio de esta situación, en marzo de 2026, una firma asesora del Senado de la República entrega a Salamanca un concepto en el que dan una opinión frente a la necesidad del contrato, pese a la Ley de Garantías.
Y aseguran que el proceso de selección fue de “convocatoria pública”, por lo que el contrato interadministrativo suscrito por la Universidad de Cartagena queda habilitado en el marco de la norma, dado que no fue entregado de forma directa.
“La contratación responde a la fase final de un proceso concursal. Al haberse realizado bajo principios de transparencia, publicidad, selección objetiva y pluralidad, el contrato puede ser celebrado como resultado de la convocatoria adelantada y no como una simple contratación directa”, dice el documento.
Y, por ello, el pasado 13 de marzo se firmó el contrato con la institución. El abogado Roque Conrado Imitola, aspirante a contralor, prepara una demanda basada en que existe una violación de la restricción en contratación durante época electoral.
“Ese no es el procedimiento que establece la ley. Es competencia del Congreso de la República establecer las modalidades de contratación. Es una modalidad que no está permitida en la ley. Prevaricaron en este caso. Estamos elaborando una demanda, dado que el concepto en el que se basan no es cierto. Se contrató directamente en Ley de Garantías”, manifestó Conrado, experto en contratación pública. Por otro lado, el abogado Carlos Mario Isaza Serrano, también aspirante en el proceso, insiste en que “se inventaron una modalidad contractual, violando la Ley de Garantías y habilitándose con el concepto de un asesor propio”.
Las dudas frente a la evaluación
Por otro lado, aspirantes como Rodolfo Zea Navarro, exministro de Agricultura, enviaron reclamaciones a la Universidad de Cartagena manifestando inconformismo con la prueba, realizada el 18 de abril, y las garantías posteriores a la misma.
De acuerdo con Zea, se les dio una guía a los aspirantes, pero esta “presenta vacíos sustanciales en relación con la metodología de diseño, validación y estructuración de la prueba”, que “afectan la transparencia y objetividad del proceso evaluativo, al no especificar subtemas ni niveles de profundidad”.
Además, aseguró que los ejes temáticos no eran específicos y que esto “abre la puerta a criterios discrecionales en la formulación y calificación de preguntas”.
Incluso aseguró que se les dio la oportunidad de revisar posteriormente las 100 preguntas en 60 minutos, que resultó “manifiestamente insuficiente, desproporcionada e irrazonable, impidiendo el ejercicio efectivo del derecho de defensa y contradicción”. Esto no permitió la posibilidad de fotografiar el documento.
“En consecuencia, el acceso a la prueba se torna meramente formal, configurándose como una garantía aparente, carente de efectividad real. Lo anterior constituye una vulneración directa del debido proceso, en tanto el derecho de defensa exige condiciones materiales que permitan su ejercicio efectivo, incluyendo tiempo razonable, análisis real y posibilidad cierta de contradicción”, argumentó.
También cuestionó la cadena de custodia, criticando que se diligenció con lápiz y sin posibilidad de conservar una copia de lo contestado, sugiriendo la posibilidad de que se puedan alterar los resultados de cada participante.
“La hoja de respuestas fue retenida por la entidad evaluadora sin que se entregara al aspirante soporte verificable de la misma y sin que se pudiera verificar la cadena de custodia y los controles para evitar que esta cadena se rompiera o tuviera fugas. Incluso el material se guardó en bolsas que, en mi caso personal, no fueron cerradas en mi presencia”, dijo.
Zea incluso aseguró que diligenció preguntas de forma acertada, pero no le proporcionaron el puntaje equivalente.
“La calificación de la prueba debe reñir con el principio de objetividad, porque me están negando el puntaje por respuestas que son acertadas, que puede ser que no coincidían con las que la Universidad de Cartagena consideró como tales y quizás a otros se les otorgó puntaje por respuestas equivocadas por el solo hecho de ‘adivinar’ cuáles eran las que la Universidad de Cartagena consideró como válidas”, agregó.
Entre sus peticiones a la Universidad de Cartagena, pide recalificaciones, información sobre la cadena de custodia, revisión de pertinencia de las preguntas e incluso “nulidad parcial o total del proceso si la mayoría de las preguntas de la prueba se concentraran en ejes temáticos que desconocen las competencias del contralor general de la República”. Ahora, el exministro de Agricultura prepara una tutela alegando falta de garantías en el proceso.
El proceso de elección de contralor general continuará este martes 19 de mayo con los 37 aspirantes habilitados tras el examen, entrevistando a cada uno de los perfilados. Mientras tanto, la Universidad de Cartagena y el Senado de la República recibieron acciones y peticiones alrededor de la validez del examen, que define el camino para el resto de la carrera a la Contraloría.
SEMANA contactó a Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado de la República, y a la Universidad de Cartagena, pero decidieron no pronunciarse ante los cuestionamientos por el proceso.