De la noche a la mañana, reconocidos narcotraficantes de Colombia se convirtieron en comuneros indígenas y lograron esquivar la cárcel, pese al peligroso prontuario que arrastran. Las jugadas de presunta corrupción se han dado a cambio de altas cantidades de dinero que habrían terminado en manos de cabildos y juzgados de Antioquia, Huila, Cauca y Valle del Cauca, según una investigación judicial a la que tuvo acceso SEMANA.
Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, es el protagonista del caso más escandaloso. Este hombre es el líder principal de Los de Dimax, un grupo criminal del Valle del Cauca que se ha encargado de sembrar el terror en las calles de Cali y extenderlo a otros municipios del departamento con asesinatos, extorsiones y drogas ilícitas.
Fue condenado a 500 meses de prisión (41 años) por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte de armas de fuego. Luego de nueve años, acudió a la jurisdicción especial indígena como un supuesto mecanismo para evadir el cumplimiento efectivo de la sanción impuesta.
Como se recordará, la Constitución permite el traslado de un indígena condenado por la justicia ordinaria a su resguardo para cumplir la pena, salvaguardando su cosmovisión, usos y costumbres. El objetivo principal es evitar la pérdida masiva de su cultura al ser recluido en centros penitenciarios ordinarios.
Vacca Castillo cumplía su pena en la cárcel de Villahermosa, en Cali, y el 6 de septiembre de 2024 solicitó un cambio de lugar de reclusión hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, localizado en Florida, Valle del Cauca. El 2 de octubre de ese mismo año, un juzgado de Palmira avaló la petición.
El 17 de septiembre de 2024, el Ministerio del Interior expidió un documento en el que confirmó que el privado de la libertad pertenecía a esa comunidad indígena, pese a que los investigadores judiciales establecieron que él no tiene antecedentes familiares ni ningún tipo de raíces con este resguardo nasa. Con todo eso, la Fiscalía y el Ministerio Público respaldaron el traslado del narcotraficante al campo donde, sin restricción alguna, continuó al mando de la organización, de acuerdo con el expediente.
La historia no terminó ahí. En medio de las indagaciones, los líderes indígenas de Kwe’sx Yu Kiwe relataron ante la Policía que este sujeto nunca ha permanecido en el resguardo cumpliendo la pena y “aunque aparece censado, no pertenece realmente a la comunidad”.
El 4 de abril de 2026, el Ministerio del Interior actualizó la situación de Juan Carlos Vacca Castillo en el Sistema de Información Indígena de Colombia: ya no se registraba en el territorio de Kwe’sx Yu Kiwe (Valle del Cauca), sino en Gran Rosario (Nariño), perteneciente a dos estructuras culturales distintas. El primero forma parte del pueblo nasa y el segundo del awá.
Uno de los investigadores relató a SEMANA que las diferencias son visibles, pero que, misteriosamente, no llamaron la atención del juzgado que le dio el beneficio: “El pueblo nasa tiene una justicia propia basada en armonización espiritual; requiere permanencia real y reconocimiento comunitario. El pueblo awá es una organización social y con normas completamente diferentes”. Su interpretación es que el traslado entre comunidades desnaturaliza el fundamento constitucional del tratamiento diferencial indígena y pondría en evidencia un posible entramado de corrupción.
Diez días después, el 14 de abril, se renovó la información en el Ministerio del Interior y fue categorizado en el resguardo indígena Munchique Los Tigres, en Santander de Quilichao (Cauca), que sí es nasa. El juzgado permitió que continuara pagando su condena en ese pueblo, pues alegó problemas de seguridad por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales.
Sobre los tres resguardos que se han mencionado, en el expediente se documentó: “Desde el análisis de la cosmovisión indígena, se establece que los resguardos involucrados, Kwe’sx Yu Kwe y Munchique Los Tigres, poseen estructuras de control territorial, justicia propia y armonización espiritual que exigen la permanencia real y el reconocimiento comunitario del individuo. En contraste, el resguardo Gran Rosario, ubicado en distinta jurisdicción territorial, presenta dinámicas organizativas y culturales diferenciadas, lo que implica que no existe continuidad ni equivalencia automática en términos de pertenencia y control comunitario. El traslado del investigado entre estas comunidades desvirtúa el fundamento constitucional del tratamiento diferencial indígena, al no evidenciarse arraigo cultural, permanencia territorial ni sujeción a la autoridad propia”. Es decir, se estaría frente a una fachada.
Su caso arrojó varias conclusiones entre las autoridades judiciales y dejó hipótesis sobre la mesa: “Falsedad en la pertenencia étnica utilizada para obtener el beneficio; desnaturalización total de la medida sustitutiva; y posibles fallas graves en el procedimiento judicial y administrativo; se cuestiona que el traslado se haya realizado a un centro de armonización fuera de la jurisdicción indígena, lo cual carece de lógica jurídica y podría constituir actuación irregular o fraudulenta”.
Al parecer, se trataría de un entramado que ha tocado el bolsillo de resguardos, juzgados e integrantes del Ejecutivo que, por años, han dado este beneficio para que los delincuentes se presenten como indígenas y así evadan la prisión.
En documentos reservados de la Policía conocidos por SEMANA, se describen los nombres de otros delincuentes que, presuntamente, estarían envueltos en esta gabela: Wilfer Contreras Cubillos (indiciado de tráfico o porte de estupefacientes); José Aníbar Granda Ramos (indiciado de concierto para delinquir); Vladimir Rincón Muñoz (relacionado con Los Espartanos e indiciado por concierto para delinquir agravado); Heber Andrés Quiceno Payán y Ánderson Torres Londoño, ambos indiciados por homicidio.
La alerta no es menor. Los investigadores judiciales que rastrean hechos de corrupción en la administración pública notificaron que varios funcionarios públicos que están bajo su radar empezaron a hacer gestiones en cabildos indígenas para burlarse de la justicia en una eventual condena: “Eso está ocurriendo con alcaldes del suroccidente; también hay casos en Antioquia y Huila. No solo alcaldes, también políticos y demás personas involucradas en hechos de corrupción”, describió a SEMANA uno de ellos.
Lo que nació como una protección constitucional para preservar la identidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas terminó convertido, presuntamente, en una puerta de escape para criminales. Las autoridades intentan determinar hasta dónde llegó la red de corrupción que habría infiltrado cabildos, juzgados y entidades del Estado para transformar falsos arraigos indígenas en libertad.