Este viernes 8 de mayo, la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz pidió por cuarta vez su libertad por vencimiento de términos, en el desarrollo del proceso que se le adelanta por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En su intervención, ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá, la exfuncionaria aseveró que en múltiples oportunidades la Fiscalía General le ha bloqueado la recolección y presentación de elementos materiales probatorios para enfrentarse a las acusaciones hechas en su contra.
Desde la estación de Carabineros de la Policía, donde se encuentra privada de su libertad desde el 18 de diciembre de 2024, la exfuncionaria manifestó que junto a su defensa ha tenido que recolectar las pruebas técnicas para desmentir los señalamientos hechos en su contra por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
Sandra Ortiz pide que la dejen defenderse en libertad: “Soy la más interesada en que se sepa la verdad”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rgLgiUEnlL
— Revista Semana (@RevistaSemana) May 8, 2026
“La Fiscalía se opuso siempre a que yo buscara mis pruebas”, enfatizó Ortiz, quien señaló que la Fiscalía General le modificó drásticamente los hechos jurídicamente relevantes entre la imputación de cargos y la presentación del escrito de acusación.
Ortiz señaló que en un principio se le endilgó una participación en el contrato de los carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira. Mientras tanto, en la acusación solamente se hizo mención a un contrato de obra en el municipio de Repelón, Atlántico.
“Su Señoría, yo soy la más interesada en que se sepa la verdad y que el país conozca todo lo que ha pasado”, aseveró la exconsejera presidencial, quien alegó que ya lleva 470 días privada de la libertad sin que inicie el juicio en su contra.

En otro de los apartes de su intervención, Ortiz aseguró que no se puede ver esta petición como una maniobra dilatoria, puesto que ella y su defensa siempre han promovido el desarrollo de las audiencias preparatorias de juicio.
Sin embargo, por diversos motivos, varias audiencias se han tenido que suspender. “No es justo que me castiguen por intentar reclamar mi libertad, es un derecho que yo tengo”, insistió.
Finalmente, reveló que en los últimos días se ha presentado un avance importante en la recolección de elementos materiales probatorios y que están pendientes unos informes técnicos para rebatir los señalamientos hechos por la Fiscalía.

“Las pruebas que estamos esperando son importantes, son contundentes, porque nosotros no vamos a llegar con un océano de pruebas porque son demasiadas. Pero las pruebas que vamos a llevar son contundentes, créame, que nosotros tenemos que presentarlas ante un juez de control de garantías porque las necesitamos”, indicó.
La Fiscalía General acusó a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público. En el escrito de acusación se señala que, en el segundo semestre de 2023, la entonces funcionaria le dio instrucciones precisas al director de la UNGRD, Olmedo López, y al subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, con el fin de que entregaran un millonario soborno al presidente del Senado, Iván Name.
Tras varias reuniones, se estableció que se le iban a enviar tres mil millones de pesos en efectivo al congresista de la Alianza Verde. Esto, con el fin de comprar su conciencia y que convocara a sesiones para debatir temas en los cuales el Gobierno tenía un especial interés.
