Salvador Arana pasó de ser gobernador en Sucre (2001-2003), embajador en Chile, a prófugo de la justicia y condenado por la Corte Suprema, todo en un lapso de 20 años. Hoy, su nombre vuelve a resonar, la JEP lo aceptó a cambio de contar la verdad sobre el capítulo del paramilitarismo en el departamento de Sucre.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aprobó la solicitud de sometimiento que Arana envió, en diciembre de 2017, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada. Petición que un juez en Barranquilla le había negado en dos ocasiones. Aunque la tercera fue la vencida, la aceptación en la jurisdicción de paz vino condicionada con dos elementos. El primero, que Arana no gozará de libertad transitoria, condicionada y anticipada mientras dura su proceso ante el tribunal. Un golpe para el sucrense que lleva diez de los 40 años de prisión a los que fue condenado por nexos con el paramilitarismo y por su participación en el asesinato del alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz.

La segunda condición que le impuso la JEP tiene que ver con un "compromiso concreto, programado y claro" que aporte información nueva sobre los vínculos que sostuvo con los paramilitares mientras fue funcionario del Estado. Propuesta que deberá entregar en un plazo de 10 días hábiles si quiere continuar su proceso ante el tribunal y posteriormente tener una rebaja de pena. "Presidente, a mí me van a matar" Eudaldo Díaz, alcalde del municipio de El Roble en 2003, no dudó en dejar constancia ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de que su vida corría peligro. Lo hizo en un consejo comunitario en marzo de ese año. Pero al mes, exactamente el 5 de abril, desapareció y fue hallado sin vida cinco días después.

Díaz había corrido la voz de que si algo le pasaba el responsable sería Salvador Arana, quien para el alcalde era uno de los políticos más corruptos de la región. Pasaron tres años, para que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento, en 2006, y lo acusara como "determinador" del crimen. En los registros del ente investigador había testimonios de algunos miembros paramilitares de Sucre que afirmaron que Arana había pagado para que el comandante paramilitar, Rodrigo Mercado Peluffo, asesinara a Díaz. Meses después, la Corte Suprema de Justicia procesó al exgobernador por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo Díaz. Por concierto para delinquir agravado debido a su colaboración con el Bloque Montes de María de las AUC, y finalmente por peculado por apropiación y falsedad ideológica luego que se demostrara que Arana desvió fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley.  No obstante, cuando la corte envió el expediente a la Fiscalía, Arana se fugó de las autoridades y permaneció oculto durante dos años. Fue capturado el 29 de mayo de 2008 en un apartamento en Santa Marta y un año después le dictaron una condena de 40 años de prisión. De lo revelador de su testimonio ante la JEP dependerá si esa pena se acorta como la de muchos otros parapolíticos que se han acogido a esta jurisdicción.