Si en Colombia las personas tienen perro y aún no lo han registrado ante las autoridades municipales, es mejor ponerse al día porque las multas pueden llegar a ser muy costosas para el bolsillo.
En el marco de la Ley 1801 de 2016 y sus actualizaciones recientes, la tenencia de mascotas en Colombia añadió un nuevo requisito legal: el registro obligatorio en los censos municipales.
Lo que antes era un trámite opcional hoy es una obligación legal que ya tiene consecuencias reales para quienes no cumplan con la norma.
Esta medida, aplicada por las autoridades locales en todo el territorio nacional, busca establecer un control formal sobre los animales y garantizar que los propietarios asuman responsabilidades jurídicas ante posibles incidentes.
Las administraciones municipales han hecho énfasis en que el registro formal del animal funciona como un documento de identidad que vincula directamente a la mascota con su responsable.
En ciudades como Bogotá, el trámite se ha digitalizado a través de plataformas como “Ciudadano de Cuatro Patas”, lo que facilita bastante el proceso para los dueños de mascotas.
Una de las preguntas más recurrentes en cuanto a este tema es qué pasa si esto no se cumple.
Lo primero que hay que tener claro es que la norma es estrictamente obligatoria para las personas que tienen perros catalogados bajo condiciones de manejo especial.
Ahora, incumplir con este registro, o la falta de medidas de seguridad como el uso de bozal y correa o traílla, puede terminar en consecuencias legales y económicas.
Las infracciones tipo 4 pueden alcanzar los $523.000 pesos, equivalentes a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Sumando costos adicionales por manutención del animal bajo custodia estatal, la factura total puede fácilmente superar los $930.000 pesos.
¿Las autoridades pueden retener al perro?
La Policía Nacional puede llegar a trasladar al animal a centros de bienestar o refugios oficiales si el propietario no posee el registro ante un requerimiento, y el dueño debe hacerse cargo de los gastos de manutención y estadía del animal durante el tiempo que permanezca bajo custodia de las autoridades.
Para evitar ese dolor de cabeza, el proceso es sencillo. Los ciudadanos deben presentar ante las alcaldías locales o plataformas digitales la fotografía del animal, copia del carné de vacunación actualizado y los datos de contacto del responsable.
Además de cumplir con la ley, registrar a la mascota trae beneficios prácticos. En situaciones de pérdida o robo, la existencia de un registro oficial aumenta significativamente las posibilidades de que la mascota sea devuelta a su hogar de forma segura.