El pago del impuesto vehicular es una de las obligaciones que todos los propietarios de cualquier automotor deben tener al día para realizar trámites como traspaso, compra y venta de carros, etc.
De igual forma, con el fin de fomentar el pago entre los contribuyentes, los diferentes departamentos acuden a estrategias que promuevan el compromiso de los propietarios con sus obligaciones tributarias y ofrecen descuentos para vehículos de nuevas tecnologías o tarifas diferenciales dentro de ciertos plazos.
Pese a esto, en Santander, algunos ciudadanos se quejaron por un cobro adicional instaurado por la Gobernación, el cual aplicaba sobre el impuesto vehicular, registro y estampillas.
El monto, que contemplaba una tarifa entre el 8 % y el 10 % por “derechos del servicio de sistematización, automatización de procesos y procedimientos administrativos”, fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Santander, al considerar que se trataba de un cobro que carecía de cualquier sustento legal.
Dicha decisión fue ratificada por el Consejo de Estado, alto tribunal que dejó sin piso el artículo 60 de la Ordenanza Departamental 012 de 2005 y del Decreto 0005 de 2006, a través de las cuales la Gobernación de Santander ejercía el cobro de estos valores adicionales por concepto de sistematización sobre el impuesto vehicular, registro y estampillas.
El encargado de radicar la ponencia fue el magistrado Luis Antonio Rodríguez, quien actuó en sintonía con lo expresado por el Tribunal de Santander en agosto de 2024, cuando señaló que este cobro adicional atentaba contra el principio de legalidad consignado en la Constitución.
Según indicó el diputado Danovis Lozano, no se podrá cobrar dicho monto por concepto de sistematización, el cual era exigido a los contribuyentes a la hora de hacer el pago.
“Cuando un ciudadano pagaba su impuesto vehicular o cualquier tributo departamental, le cobraban un valor extra del 8 al 10 % por concepto de sistematización. El Consejo de Estado determinó que eso no se puede seguir cobrando, y que ese gasto debe asumirlo directamente la Gobernación”, explicó Lozano en información recogida por Caracol Radio.
¿Qué dice la Gobernación de Santander?
Luego de conocerse la decisión del alto tribunal sobre este cobro, la Gobernación aclaró que este se efectuando y pidió que se aclare la medida para poder llevar a cabo los ajustes correspondientes.
“La Gobernación de Santander informa a la opinión pública que todos los servicios de recaudo, atención al contribuyente, soporte y operación tecnológica funcionan con absoluta normalidad, sin ningún tipo de interrupción ni afectación en la continuidad del servicio”, dijo la Gobernación a través de una publicación en su cuenta en X.
“Frente a las versiones difundidas sobre una decisión del Consejo de Estado relacionada con los cobros por derechos de sistematización, la administración departamental aclara que dicha providencia no se encuentra ejecutoriada, por lo que no tiene efectos jurídicos inmediatos y el contrato vigente continúa en ejecución plena y legal”, explicó.
De igual forma, la Gobernación señaló que una vez hecha la aclaración de la medida, adecuará lo necesario para “garantizar” que los próximos cobros queden ajustados a lo ordenado.
“La Gobernación actuará con firmeza y rigor jurídico: solicitará la aclaración de la sentencia para precisar el alcance de sus órdenes y garantizar que todas las actuaciones se desarrollen conforme al marco legal, protegiendo el patrimonio público y la seguridad jurídica del departamento. Mientras se surte este proceso, la prestación del servicio está plenamente garantizada, incluyendo la protección de la información, la atención eficiente a los usuarios y la estabilidad de los procesos tributarios, financieros y administrativos”, explicó la entidad territorial.