POSICION ACLARADA

Con la presente me refiero a la nota aparecida en la sección 'Sube y Baja' de la última edición de su revista. Sobre el particular debo expresar que el efecto de la disposición contenida en el artículo sexto del proyecto de Ley relativo a la extinción del dominio de los bienes adquiridos mediante el ejercicio de actividades ilícitas, no tiene por ningún motivo la virtualidad de significar "la salida de prisión de la mayoría de los acusados por enriquecimiento ilícito en el marco del proceso 8.000". La norma propuesta por el gobierno no tipifica conducta penal alguna. Además, no afecta en ningún momento las normas vigentes sobre enriquecimiento ilícito porque restringe la aplicación del incremento patrimonial no justificado a la normatividad referente a la extinción del dominio de bienes de las organizaciones criminales, donde está contenido el artículo objeto de la discusión. Este es el alcance de la expresión "Para los efectos de esta ley...". Tampoco es cierto, de acuerdo con lo establecido en el proyecto, que solo se configure incremento patrimonial no Justificado cuando se produzca un aumento del 20 por ciento de los bienes de una persona. Muy por el contrario, el proyecto presentado por el gobierno nacional crea una agresiva presunción por medio de la cual se releva al Estado del deber de probar el incremento patrimonial que supere el 20 por ciento. En este sentido, la expresión "salvo prueba en contrario", implica una garantía de eficacia de la norma, incluyendo la posibilidad de que el Estado ataque incrementos patrimoniales inferiores al 20 por ciento, cuando cuente con los medios de prueba. Para terminar con esta aclaración de mi posición frente a la ya revaluada noticia de la supuesta existencia de un 'narcomico' en la agenda legislativa presentada por el gobierno para acabar con el narcotráfico, me permito hacer énfasis en el hecho de que en absoluta contraposición con las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, existe total transparencia sobre el origen y contenido de las disposiciones que hacen parte de esta guerra legislativa contra el crimen organizado. Así ha quedado demostrado después de la noticia del llamado narcomico sobre enriquecimiento ilícito con la explicación contundente ofrecida por el Ministerio de Justicia y el Derecho. El organismo a mi cargo aclarará cualquier inquietud que surja en relación con la agenda legislativa contra el narcotráfico y suministrará a los medios de comunicación, y a la opinión pública en general, la información que sea necesaria para evitar cualquier malentendido al respecto.
Carlos Eduardo Medellín,
Ministro de Justicia y del Derecho. Bogotá