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| 12/15/2017 12:00:00 AM

Así pinta el Chocó para el Viceministro de Minas

No basta con destruir las dragas o las retroexcavadoras que perforan la región; no basta con las políticas públicas (que son muy necesarias), solo una combinación de actores, intenciones y acciones frenarán la explotación ilícita en la región.

Así pinta el Chocó para el Viceministro de Minas En 2010 el gobierno dio el primer paso para combatir y hacerle seguimiento a la problemática de la explotación ilícita. Foto: Cortesía Corte Constitucional

El Chocó es –y ha sido– una reserva de la biósfera. Aun así, es un departamento que se ha visto altamente afectado por el conflicto armado, la pobreza (asociada a la ausencia de servicios básicos y oportunidades laborales), el difícil acceso al territorio, la falta de control estatal y por la explotación ilícita de minerales.

Fue hasta 2010 cuando el gobierno comenzó a hacerle un seguimiento a la problemática de la minería ilegal. Anteriormente, la legislación para esta temática no era ni clara ni efectiva. Antes de ese año, la minería tradicional trascendió a una mecanizada, se incrementó el precio del oro y se contaminó a los consejos comunitarios a través de entregas de dinero por parte de los delincuentes para operar en sus territorios.

Por tal motivo, se han generado múltiples normas como el artículo 106 del Plan de Desarrollo de 2011-2014 que prohibió el uso de maquinaria en actividades mineras sin título, se establecieron requisitos para la comercialización de minerales estipulados en el decreto 1102 del 27 de junio de 2017, y topes máximos de producción en la minería artesanal, establecidos en la resolución 40103, entre otras medidas.

Sin embargo, la explotación ilícita de minerales no se resuelve únicamente con política pública. El control de esta depende, en su mayoría, de los alcaldes como primera autoridad del municipio y del control territorial en aspectos como la supervisión de maquinaria. Desde el gobierno nacional se han puesto en marcha diferentes estrategias de control con la ayuda de otros organismos nacionales como el Ministerio de Defensa, que creó la Unidad Nacional Contra la Explotación Ilícita de Minerales y la Brigada Contra la Minería Ilegal .

Años atrás, con el fin de frenar las actividades delictivas en el sector minero, se decomisaba la maquinaria para realizar actividades de extracción. Pero fue una medida costosa e insuficiente. Fue así como en 2012 el gobierno nacional promovió la decisión 774 de la CAN que estableció tres compromisos para frenar la explotación ilícita.

Por un lado está el desarrollo de operativos que permiten la destrucción de maquinaria, estipulados en el decreto 2235 de 2012. En el departamento del Chocó, tan solo entre los años 2015 y 2017 se reportó la destrucción de 63 dragas (operadas en muchos casos por brasileños, según informes de la Policía) y 96 retroexcavadoras; sin olvidar la incautación de 40 más, 16 motobombas, 28 motores, 22 dragas y 268 capturas.

Se comenzó a controlar, registrar y regular la importación de maquinaria amarilla a través del decreto 723 del 10 de abril de 2014. Además, se establecieron controles a la comercialización de elementos contaminantes como el mercurio en la Ley 1658 de 2013. Finalmente, y como última decisión de la CAN, se estableció la necesidad de formalizar la pequeña minería como una alternativa para controlar la explotación ilícita de minerales.

A finales de 2012 instalamos la Mesa Minera del Chocó, la cual fue oficialmente creada por la resolución 90603 del 31 de julio de 2013, escenario de articulación entre el gobierno nacional, local y los líderes de comunidades étnicas del territorio, lo que ha permitido la coordinación de acciones de formalización en el marco de dicha mesa, teniendo como principal resultado la estructuración de un plan piloto de formalización minera en el departamento, con la identificación de las zonas susceptibles de formalización, dentro de las cuales a hoy se cuenta con cinco subcontratos en operación en el municipio de Condoto, dos Áreas de Reserva Especial Declaradas en Cértegui y Acandí, tres Zonas Mineras de Comunidades Indígenas y 16 Zonas Mineras de Comunidades Negras.

Entre 2013 y 2015, en el Chocó logramos la caracterización de 181 Unidades de Producción Minera (UPM) dentro de 18 territorios. De esta forma fue posible formular planes hacia la formalización enfocados, principalmente, al acompañamiento integral, es decir, a la asistencia técnico práctica como una alternativa para combatir la explotación ilícita. A partir de esto, se le prestó asistencia a 132 mineros en 28 UPM y se certificaron 53 productores a través de capacitaciones realizadas con la ayuda del Sena, beneficiando a un importante número de mineros en Acandí, Cértegui, Condoto e Istmina.

Esas capacitaciones buscan reducir y eliminar progresivamente los niveles de mercurio utilizados en la minería tradicional y así proteger el medioambiente. A través de un trabajo articulado con las entidades locales se ha logrado identificar, proponer y seleccionar técnicas de extracción de oro que contribuyan a la sustitución del mercurio en la minería de subsistencia, en los municipios de Tadó y Condoto en el Chocó.

Durante los últimos cinco años el Ministerio de Minas y Energía ha trabajado de la mano de Codechocó y del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que aportan en la fase de formalización de los mineros tradicionales basándose en las guías minero-ambientales creadas. De esta forma, los pequeños productores lograrán trabajar bajo el amparo de un título y realizar actividades de mitigación, protección y compensación con los ecosistemas.

Las políticas públicas para combatir la ilegalidad están formuladas. Es importante continuar trabajando en el cambio cultural para lograr la formalización de la pequeña minería, aumentar el control estatal y promover la apropiación responsable del territorio por parte de las comunidades.

*Viceministro de Minas.

EDICIÓN 1888

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